El PP atribuye la máxima responsabilidad política del fraude de los ERE al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y a su antecesor, Manuel Chaves, mientras que el PSOE entiende que se limita a la Dirección de Trabajo e IU la sitúa en los ex consejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández. Los grupos parlamentarios han presentado sus propuestas de dictamen para la comisión de investigación de los ERE, que deberá ahora ser debatida para su aprobación, y en la que hay numerosas discrepancias a la hora de situar la responsabilidad política.

Para el PP, los responsables son Griñán, Chaves, el ex vicepresidente Gaspar Zarrías y otros trece cargos políticos en los asuntos que se han investigado. Además de los principales dirigentes andaluces, el PP entiende que también son responsables los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera, Antonio Fernández y Manuel Recio, los ex viceconsejeros Agustín Barberá y Justo Mañas, y los ex directores de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera. Por la "participación activa" de la Agencia IDEA en la concesión y gestión de las ayudas públicas, el PP también ve responsables a los ex consejeros de Innovación Francisco Vallejo y Martín Soler y a quien actualmente ocupa el cargo, Antonio Ávila. En cuanto a la Consejería de Economía, culpa también a Griñán por su periodo como consejero, además de a la ex consejera Magdalena Álvarez y a la actual dirigente del ramo, Carmen Martínez Aguayo.

Por su parte, el PSOE ha asegurado que la Dirección de Trabajo es la responsable del fraude, como órgano responsable de la atribución para la concesión de ayudas, "sin que quepa extender más allá de dicho órgano administrativo la responsabilidad". Esta formación considera que se ha producido un "uso indebido" del procedimiento por parte de la Dirección de Trabajo, que derivó en la inclusión en pólizas de seguros a trabajadores que no estuvieron en esas empresas, en "presuntos desvíos de fondos" a otras personas y en las "presuntas concesiones de ayudas directas a empresas" para fines distintos a los previstos. Asimismo, ha indicado que las desviaciones no se han producido por las "debilidades" del procedimiento, sino por un "abuso de confianza y conductas impropias de servidores públicos". Ha afirmado que no se puede considerar ilegal el procedimiento, ya que no ha tenido más discrepancias que las manifestadas en los informes de la intervención, "de inadecuación a los criterios".

En relación a la intervención de la Consejería de Empleo, ha indicado que las conclusiones no determinaban que se incurriera en algún tipo de ilegalidad, tratándose de "meras discrepancias administrativas y contables". En este sentido, ha señalado que la Intervención General de la Consejería de Hacienda remite informes al consejero solo por ser un centro adscrito a la misma, y en ello no se requiere actuación "ni petición concreta de alguna medida a aplicar" sobre las ayudas.

Por su parte, IU sitúa la máxima responsabilidad en Viera y en Fernández, porque fueron los "muñidores" del convenio entre la Consejería de Empleo y el IFA, así como "autores intelectuales del perverso diseño administrativo y presupuestario" que dio lugar a la "falta de controles". Sobre su responsabilidad destacan la elección de los cargos de la Dirección de Trabajo, así como la "discrecionalidad arbitraria" en las ayudas dadas en la Sierra Norte de Sevilla. La federación de izquierdas considera que la responsabilidad política directa es del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, quien "realizaba las actuaciones y tomaba las decisiones que directamente se traducían en irregularidades", y que se extiende a los viceconsejeros Antonio Fernández y Agustín Barberá, que le permitieron actuar "sin ningún control, y en total libertad".