La Cámara de Cuentas tendrá que aportar a la investigación judicial de los ERE el expediente administrativo "completo" sobre el informe de fiscalización de las ayudas públicas a trabajadores y empresas en crisis, en el que se incluye el borrador que fue filtrado y que apuntaba a la posible responsabilidad del presidente de la Junta, José Antonio Griñán. Ese informe cuestiona dos modificaciones presupuestarias autorizadas y firmadas por Griñán relacionadas con la partida 31L -conocida popularmente como el "fondo de reptiles"- en su etapa como responsable económico en el Gabinete de Manuel Chaves.

El juez Iván Escalera ha atendido la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular que ejerce el PP, y ha reclamado a la Cámara de Cuentas que remita el "expediente administrativo completo" de fiscalización de las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por los ERE y empresas en crisis que fueron otorgadas en el período 2001-2010. En concreto, el juez que refuerza a Mercedes Alaya ha solicitado a la Institución que envíe desde el acta del Pleno de la Cámara relativo a la aprobación del plan anual de actuaciones donde se encuadre la fiscalización, hasta las "directrices técnicas necesarias para su ejecución y los programas de trabajo a desarrollar por los miembros del equipo de auditoría que tenga  asignado".

La petición se refiere igualmente a las "modificaciones" que dichos programas hayan sufrido, los escritos dirigidos a las entidades a fiscalizar, el "primer borrador del informe", el memorando de prealegaciones, y las actas de la comisión técnica "donde se recojan las sugerencias de este órgano hacia el borrador" y el tratamiento de alegación. Como culminación de la información solicitada, el juez pide los dictámenes emitidos por el gabinete jurídico sobre cuestiones jurídicas "planteadas en el proceso fiscalizador" y el informe definitivo de fiscalización, "incluyendo su aprobación por el Pleno de la Cámara y los votos particulares que se hubieren formulado al mismo".

De la misma forma, ha requerido a la Consejería de Empleo para que facilite a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "toda la información" que disponga de las subvenciones excepcionales tramitadas por esta consejería entre los años 1998 y 2010, detallando cuáles se concedieron y denegaron, así como la identidad del beneficiario y el importe.

El auto del juez Iván Escalera también accede a una petición de la Guardia Civil para que se requiera a Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para que aporte toda la documentación que disponga sobre las ayudas concedidas a las empresas Jerez Industrial e Hijos de Andrés Molina. Esta última empresa recibió ayudas por importe de 114 millones de pesetas en 2009, 539 millones de pesetas en 2000 y este mismo año otros 257 millones de pesetas a través de una modificación presupuestaria.

Por el contrario, el juez no se ha pronunciado aún sobre la advertencia realizada por la Fiscalía Anticorrupción en cuanto a la posible prescripción de algunos delitos relacionados con las ayudas que se investigan. El Ministerio Público remitió el pasado 10 de octubre un escrito al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en el que, además de reclamar el expediente completo de la fiscalización de las ayudas por parte de la Cámara de Cuentas, reclamaba que se solicitara a la Guardia Civil que "priorice" la investigación de las ayudas concedidas entre los años 2001 y 2003. Pero esta petición no ha sido atendida por el momento por el juez.

La Fiscalía había argumentado su petición en que, aunque el período objeto de la investigación se inicia en el año 2000 -cuando se elaboran los borradores del convenio marco de 17 de julio de 2001-, es a partir de la fecha de utilización del convenio a la que se ha "retrotraído la labor de investigación" que desarrolla el instituto armado. La Fiscalía aseguraba que dada la "amplitud y complejidad" de la causa, se ha venido acometiendo por la UCO una investigación simultánea de los expedientes "que se ha traducido en la entrega de los informes de seguimiento que constan incorporados a las actuaciones".

La Fiscalía advierte que "para evitar la posible prescripción de algunos de los hechos de apariencia delictiva respecto a los ya imputados y a otras personas que pudiesen haber participado en los mismos" es necesario que se den nuevas instrucciones a la Guardia Civil. Anticorrupción señala a este respecto que se debe "priorizar la investigación y entrega de los informes relativos a los pagos efectuados en los años 2001, 2002 y 2003".