La Fiscalía Anticorrupción ha avalado este viernes la imputación efectuada por la juez Mercedes Alaya de la ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez y de otros 19 altos cargos de la Junta, al afirmar en un escrito remitido a la juez que el sistema de transferencias de financiación es una "fórmula montada que tiene una apariencia formal de legalidad pero una última finalidad fraudulenta, indiciariamente delictiva, que supera la categoría de infracción o irregularidad administrativa". La Fiscalía se ha opuesto tanto al recurso de apelación presentado por la Junta contra estas nuevas imputaciones como a la suspensión de la declaración del ex interventor de la Junta Manuel Gómez, prevista para el próximo jueves, día 25.

En el escrito de Anticorrupción en el que impugna el recurso de la Junta contra las nuevas imputaciones, la Fiscalía recuerda que la Administración autonómica alegó que se había producido una infracción del principio de legalidad y hacía referencia al uso de las transferencias de financiación, a las modificaciones presupuestarias y a las leyes de presupuestos, señalando que la instructora estaba criminalizando estas figuras y su uso. El fiscal delegado de Anticorrupción sostiene que la hipótesis delictiva que maneja la juez Alaya parte de la utilización de esta figuras pero "de su uso perverso, de un uso finalísticamente dirigido a burlar todos los controles de la Intervención de la Junta como medio para poder dilapidar los fondos públicos, favoreciendo y enriqueciendo a terceros, y esa finalidad sí es penalmente relevante e implica a todos aquellos que conociendo tal uso perverso lo hicieron posible o sencillamente no lo evitaron".

Esa finalidad, continúa la Fiscalía, se "sedimenta en hechos objetivos que parten del uso indebido de la figura de las transferencias de financiación, engordadas mediante las oportunas modificaciones presupuestarias, unido a la no consideración como subvenciones de las ayudas sociolaborales, lo que facilitaba su no fiscalización, y todo ello junto a la fórmula consagrada en el convenio entre la Consejería de Empleo y el IFA del mes de julio de 2001, que hábilmente, a los mismos efectos de evitar cualquier fiscalización que estorbara, separaba el expediente de la ayuda, que permanecía en la Consejería de Empleo, del pago, que se efectuaba en el IFA/IDEA, cuyo interventor por tanto al fiscalizar el pago no contaba ni podía contar con el expediente previo de la ayuda".

Anticorrupción considera "muy ilustrativas" a estos efectos las respuesta que en su declaración como imputado ofreció el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, a preguntas precisamente de la Fiscalía sobre los "fines y consecuencias del sistema montado".

El Ministerio Público también desmonta en su escrito otro de los argumentos de la Junta respecto a la posible falta de motivación del auto de la juez Alaya en el que imputó a la veintena de cargos públicos. Dice el fiscal que hay que recordad que este auto responde a la decisión de la juez de instruir del artículo 118 de la ley de Enjuiciamiento Criminal a estas personas, otorgándoles la condición de imputadas, por lo que formalmente sería un "auto de imputación" y éste es, según el fiscal, el problema, pues esta figura no está contemplada en el íter procesal del procedimiento penal. "Nada hubiera impedido su no existencia y la mera citación de las personas para declarar sobre hechos penalmente relevantes un día determinado a fin de determinar su participación", lo que le lleva a preguntarse si es necesario que "los imputados dispongan, mediante auto, con anterioridad de un pormenorizado relato de todos y cada uno de los hechos que se le atribuyen y que tienen relevancia penal", cuando, en su opinión, no sería plenamente exigible para el respeto de su derecho de defensa que tal relato pormenorizado "le sea hecho en momento de prestar declaración debidamente asistido de letrado y con todas las garantías legales y derechos".

Por último, la Fiscalía muestra su sorpresa por el hecho de que haya sido la Junta de Andalucía la "única" que ha recurrido el auto de Alaya y que esa impugnación no proceda de ninguno de los imputados. El fiscal continúa que "respecto de la justificación del recurso expuesta por el recurrente, llama la atención a esta parte, también acusación, que el tema requiera al recurrente una exposición de nada menos que seis folios de su escrito", aunque añade que el Ministerio Público "nada tiene que discutir sobre la legitimación de la parte para recurrir el auto ni nada opone a la extensa justificación que hace la acusación particular", "lo único que puede llamar la atención es que el único recurso interpuesto, hasta ahora, contra el auto no provenga de uno de los imputados en el mismo", precisa Anticorrupción.

El Ministerio Público se ha opuesto, por tanto, al recurso de la Junta de Andalucía contra el auto de la juez Mercedes Alaya del pasado 28 de junio, en el que se imputó en el escándalo de los ERE a la ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez y a otros 19 altos cargos de la Administración autonómica, y también ha rechazado que se suspenda la declaración del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, que está prevista para el próximo jueves, día 25, y que fue imputado junto a los otros altos cargos.

La decisión de la Fiscalía es coherente con la postura que ha mantenido a lo largo de la instrucción, donde ha requerido a la juez Alaya en varias ocasiones para que acelere la toma de declaración de los imputados. De hecho, recientemente la Fiscalía Anticorrupción solicitó a Alaya que fijara un "calendario razonable" para la declaración de la ex ministra Magdalena Álvarez y los otros altos cargos imputados en el caso de los ERE fraudulentos. De hecho, el escrito presentado por la Fiscalía señala que se opone a la suspensión "en lógica consonancia" con el contenido del escrito de la Fiscalía del pasado 8 de julio de 2013, y también se opone "a que se deje de fijar calendario para la toma de declaraciones de las restantes personas también imputadas en dicho Auto".

La petición de suspensión de la declaración del ex interventor y de los últimos imputados fue planteada por la representación jurídica de la Junta de Andalucía, que está personada como acusación particular en el proceso, en el recurso en el que impugnó dichas imputaciones y en las que alegó, entre otros motivos, que el auto no estaba suficientemente motivado y que podría vulnerarse el derecho a la tutela judicial efectiva de esta acusación si se incurría en futuras nulidades por la resolución dictada por Alaya.

Con la imputación de estos 20 altos cargos, son ya 93 las personas imputadas en el escándalo de los ERE, una causa que acumula ya más de 30.000 folios.