La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito dirigido a la juez Mercedes Alaya, a la que requiere para que fije un "calendario razonable" para la declaración de la ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez y los otros 19 altos cargos de la Junta imputados recientemente en la causa abierta por el escándalo de los ERE fraudulentos y el cobro de sobrecomisiones vinculadas a las pólizas financiadas por la Junta de Andalucía.

En el escrito, Anticorrupción advierte que ese calendario de declaraciones es procedente ante la "necesidad de avanzar en la instrucción de la presente causa, garantizando los derechos y garantías de todos los imputados hasta la fecha, muy especialmente los recogidos en el artículo 24.2 de la Constitución". Ese calendario es preciso, añade la Fiscalía, para que "se pueda proceder a la concreción de los hechos que se imputan" a estos nuevos imputados, de acuerdo con el artículo 775 de la ley de Enjuiciamiento Criminal.

La Fiscalía Anticorrupción recuerda, como en otros escritos en los que ha urgido a la juez a practicar nuevas diligencias, "la complejidad y extensión” de las investigaciones, por lo que reitera que la necesidad de que el juzgado "se requiera ante los órganos competentes la necesaria ampliación de los recursos humanos y materiales que permitan un avance ordenado y sistemático de la presente causa y que puedan dar cumplimiento en un plazo razonable a las diligencias que ya han sido acordadas, así como a las que se interesan en el presente escrito".

Anticorrupción reitera que es necesario contar, ante la complejidad de las investigaciones, con peritos en materia de gestión económica, financiera y contable del sector pública, y apunta que esta función puede ser desempeñada “de forma idónea” por auditores de la Cámara de Cuentas de Andalucía si su régimen de incompatibilidades lo permitiese o bien por interventores de la Administración General del Estado. El objeto de esta prueba pericial, añade el fiscal, viene determinado por la necesidad de contar con un informe relativo a la gestión financiera, económica y contable de los fondos públicos aplicados en los convenios suscritos entre el IFA y la dirección general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta desde el convenio marco de 2001. 

En esa pericial debe cuantificarse el "quebranto producido en los fondos públicos de la Junta, con determinación de las personas o entidades que habrían de proceder al reintegro de las cantidades recibidas", añade el fiscal.

El escrito del Ministerio Público recuerda que en junio de 2011 la juez rechazó la práctica de este peritaje, al estimar que en aquel momento resultaba "precipitado", y que posteriormente se designaron como peritos técnicos a personal de la Intervención General del Estado.

Ahora la Fiscalía ha solicitado también a Alaya que emita un oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a la Intervención General del Estado para que informen sobre la "situación de las investigaciones encomendadas por auxilio jurisdiccional en esta materia, aportando en su caso los informes elaborados a la fecha sobre las mismas".

Por último, la Fiscalía reclama que declaren en el juzgado el jefe del equipo, los auditores y los técnicos de auditoría integrantes del equipo técnico de la Cámara de Cuentas, con el objeto de "ratificar, aclarar o ampliar la documentación obrante en autos en relación a los trabajos de fiscalización realizados".

El escrito de Anticorrupción concluye que, tras el auto de Alaya en el que imputó a 20 altos cargos, la práctica de todas estas diligencias adquieren "si cabe una mayor relevancia" para el Ministerio Público, de ahí que reitere su petición en los términos expresados.