La juez que instruye la causa penal del robo de 7,8 millones de euros de la caja de efectivo del Ayuntamiento de San Fernando toma declaración en estos momentos al interventor, José Antonio López Fernández, y a la tesorera, María de las Virtudes Gómez Montero. Ambos funcionarios comparecen en calidad de investigados al apreciar la jueza una conducta "dolosa" en los reiterados fallos de los mecanismos de control de las oficinas municipales de Hacienda que propiciaron el desfalco durante varios años.

En abril se cumplirán ocho años ya de este controvertido robo, cuyo principal sospechoso continúa siendo el funcionario que estaba al frente de la caja, Clemente Ruiz que estuvo en prisión provisional hasta 2011. La vinculación del interventor y la tesorera a la causa penal se remonta a julio de 2015, cuando la jueza -en contra de la postura del fiscal- optó por relacionarlos en un auto al apreciar un posible dolo en la reiterada dejación de funciones y estimar su comparecencia en calidad de investigados.

No obstante, antes de que acudieran a declarar en los Juzgados, fue necesario que la Audiencia Provincial resolviera el recurso presentado en este sentido ante la Fiscalía. En septiembre, no obstante, se confirmó esta implicación de los funcionarios de mayor rango en materia económica del Ayuntamiento isleño y semanas después se fijó la fecha de la declaración.

Recientemente, además, se ha conocido también que el Tribunal de Cuentas ha desestimado todos los recursos de apelación que los implicados en el robo de la caja presentaron a la sentencia del proceso contable. Entre ellos, también el interventor y la tesorera.