La formación política independiente Plataforma 3R ha pasado de aplaudir la gestión del interventor a reclamar su cese -y el de la tesorera- tras el auto judicial con el que se ha cerrado la instrucción del robo de la caja, que relaciona a ambos funcionarios con un delito de malversación de caudales.

Este partido gestado al calor del movimiento antitranvía ha reclamado al gobierno municipal que, a la mayor brevedad posible, solicite a la Secretaría de Estado del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el inicio del procedimiento para suspender provisionalmente a la tesorera y al interventor mediante la aplicación del art. 92 bis de la Ley de Bases de Régimen Local. "Entendemos que es más ecuánime y proporcional para las partes -los funcionarios implicados- y el erario público", dice.