Penas mínimas cierran el caso Terán diez años después de la denuncia

  • El ex alcalde de Sanlúcar Agustín Cuevas, el ex interventor municipal Castillo, dos familiares de éste y otro funcionario del Ayuntamiento aceptan en la Audiencia que se apropiaron de caudales públicos

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El caso Terán, el asunto de apropiación de caudales públicos en el Ayuntamiento de Sanlúcar, finalizó ayer en la Audiencia Provincial de Cádiz, diez años después de la denuncia, con penas mínimas para los cinco procesados: el ex alcalde sanluqueño (PSOE) Agustín Cuevas, el ex interventor municipal Juan Manuel Castillo, el funcionario Eusebio Moreira y dos familiares de Castillo. Todos ellos aceptaron el acuerdo alcanzado por sus abogados con el fiscal y evitaron así un juicio en el que se enfrentaban a peticiones que iban de 9 a 20 años de prisión. Muy lejos de esas penas, cada uno será condenado ahora a un año y diez meses de cárcel por los delitos de malversación y falsedad en documento oficial. La sentencia aplicará una atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

Las penas, que incluyen el pago de una indemnización de cerca de 60.000 euros al Ayuntamiento de Sanlúcar, permitirán a cuatro procesados eludir la entrada en prisión. No superan los dos años de cárcel y carecen de antecedentes penales. Agustín Cuevas se enfrenta en cambio a una situación que puede llevarle a la cárcel, ya que cuenta con una condena firme del Tribunal Supremo por el caso Sanlúcar, el soborno a un concejal del PP con el que intentó frenar una moción de censura.

Cuevas era concejal de Fomento cuando ocurrieron los hechos que dieron lugar al caso Terán. Esa denominación hace referencia a Rafael Terán, el funcionario del Ayuntamiento de Sanlúcar que en 1998, casualmente también un 7 de julio, denunció una serie de irregularidades que había detectado en la gestión económica del Consistorio. Entre otras, que el entonces interventor, Juan Manuel Castillo, firmaba pagos del Ayuntamiento a familiares suyos por compra de material y por prestaciones inexistentes y luego se embolsaba él el dinero (más de 47.000 euros). Terán también descubrió y denunció que el concejal de Fomento, Agustín Cuevas, había cobrado algo más de 9.000 euros que iban destinados a una escuela taller y que fueron justificados con un convenio ficticio.

La sentencia que elaborará la Sección Cuarta de la Audiencia incluirá en la condena la inhabilitación absoluta de los procesados: a dos años a cuatro y a tres años a Castillo. Los cinco acusados tendrán que abonar las costas de la acusación popular, ejercida por un vecino de Sanlúcar. El Ayuntamiento sanluqueño no se personó en la parte penal de este asunto, que tuvo otra causa ante el Tribunal de Cuentas. Ese procedimiento terminó con el archivo de la denuncia porque el tribunal estimó que había prescrito.

En el caso Terán también estuvieron procesados el entonces alcalde de Sanlúcar, Manuel Vital, y otros dos familiares del ex interventor Castillo. Los tres quedaron exculpados. Vital porque su firma fue falsificada en el convenio ficticio que permitió a Cuevas embolsarse los 9.000 euros. Los dos familiares de Castillo porque la Audiencia Provincial consideró en un auto, dictado en febrero de 2005, que sus datos personales habían sido usados para malversar fondos sin su conocimiento.

Los cinco procesados le dijeron al tribunal ayer que aceptaban la condena, el acuerdo alcanzado por sus abogados con el fiscal. La única mujer acusada, familiar de Juan Manuel Castillo, lloraba mientras se producía ese trámite en la sala de vistas. Al poco, al salir al pasillo, sufrió una crisis nerviosa.

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