La Junta multa con 30.000 euros al Obispado por el abandono de San Ambrosio

La Junta de Andalucía ha impuesto una sanción de 30.000 euros al Obispado de Cádiz y Ceuta, propietario de la ermita de San Ambrosio, porque considera que ha desatendido su obligación de conservar, mantener y proteger ese monumento ubicado en el municipio de Barbate. Desde hace seis años, la Junta intenta, sin éxito hasta ahora, que la Iglesia adopte medidas para evitar el deterioro y el abandono que sufre la ermita. El penúltimo capítulo de ese tira y afloja es una resolución que el pasado octubre estableció como definitiva la multa decidida unos meses antes. Hasta ahora, el Obispado no ha abonado la sanción y nada indica que lo vaya a hacer de manera voluntaria.

En su resolución, la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura no sólo sanciona con 30.000 euros al Obispado por incumplir la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. También le impone la obligación de presentar ante esa delegación un proyecto de conservación de la ermita de San Ambrosio que debe ser aprobado por Cultura.

La ermita se encuentra en el camino de San Ambrosio, en el término municipal de Barbate. Fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de monumento, en un decreto de febrero de 2004. La Junta explica que es un edificio fruto de superposiciones materiales de momentos culturales diversos. Sus orígenes se remontarían al menos a época romana. Se trata de restos que corresponden a un templo paleocristiano edificado sobre otros restos de una villa romana, con reformas significativas durante los periodos visigótico y mudéjar.

El enfrentamiento entre la Junta y el Obispado que ha deparado la sanción se remonta a julio de 2011. Cultura supo entonces acerca del deficiente estado de conservación de la ermita de San Ambrosio y acordó abrir unas diligencias informativas. Eso significó que la Junta requirió al Obispado, como propietario del lugar, para que le informase en qué condiciones se encontraba la ermita y la razón del abandono que sufría. También le pidió que remitiese un proyecto de conservación.

El Obispado respondió en septiembre de ese año. En un escrito, explicó a Cultura que tenía firmados dos convenios, con la Mancomunidad de Municipios de La Janda y con el Ayuntamiento de Barbate, cuyo objeto era rehabilitar la ermita y realizar trabajos arqueológicos en ella y en los aledaños.

Pasaron casi tres años. En marzo de 2014, Cultura recibió un escrito del Ayuntamiento de Barbate. Remitía la copia de un acuerdo plenario (adoptado tras una moción presentada por el PA) en el que se solicitaba a la Junta la "inmediata" rehabilitación de la ermita de San Ambrosio. También reclamaba un plan de mejora de los accesos y de la señalización de la ermita.

En octubre de ese año llegó otro escrito a Cultura. También del Ayuntamiento de Barbate. Comunicaba que la ermita se encontraba en un pésimo estado de abandono y que había sido restaurada parcialmente en 2004. Entonces se habían colocado una serie de elementos metálicos de seguridad en los muros y ya no estaban: habían sido robados. La ausencia de vigilancia era notable.

Tras esa notificación, Cultura se dirigió de nuevo al Obispado. Le reiteró que, como propietario de la ermita, su deber era conservar, mantener y custodiar ese inmueble. Ese monumento. La misiva incluía una advertencia: podía ser sancionado con una multa de hasta 100.000 euros si incumplía esa obligación de cuidado del monumento establecida en la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. Al tiempo, la Junta reclamaba al Obispado un informe sobre el estado de conservación del inmueble y también, de nuevo, que presentase un proyecto de conservación.

El Obispado respondió en diciembre. Remitió un informe sobre el estado del lugar y también un plan de conservación de la ermita. Ambos estaban suscritos por un arquitecto.

El Departamento de Protección del Patrimonio Histórico estudió esos documentos. Y en marzo de 2015 elaboró un informe en el que indicó que consideraba insuficiente la documentación aportada por el Obispado. Argumentaba que el informe sobre el estado de conservación era una somera referencia acerca de los daños en el conjunto provocados por el robo de materiales y por la falta de cubrición. En cuanto al proyecto de intervención en el monumento, lo definía como una escueta declaración de intenciones, algo muy alejado de los requisitos establecidos por la ley.

A la vista de ese informe, Cultura optó por solicitar al Obispado que en el plazo de diez días le remitiese la documentación necesaria para completar el proyecto de conservación de la ermita. Eso fue en ese mismo mes de marzo de 2015. La respuesta llegó un mes después: el Obispado comunicó a Cultura que no procedía aportar la documentación complementaria que le requería.

La Junta continuó adelante y a finales de abril ya disponía de un informe sobre el proyecto presentado por el Obispado elaborado por un arquitecto de la Delegación de Cultura. Era un informe desfavorable. Sostenía que las disposiciones que planteaba el Obispado no tendían a conservar el monumento sino a recuperar y mantener las medidas provisionales de apuntalamiento y seguridad en torno al edificio realizadas en su día y que ya estaban deterioradas. Señalaba también que la documentación no reunía las características de un proyecto y anotaba una relación de documentación que necesariamente debía adjuntar para ser considerado como tal.

Dos meses después, en junio de ese año, el Obispado envió a Cultura un escrito en el que comunicaba que tenía un convenio con el Ayuntamiento de Barbate para colaborar ambos en mantener y vigilar el monumento. El Obispado aportaba además una copia de un escrito que le había remitido al Ayuntamiento en el que afirmaba que había cumplido con sus obligaciones y repuesto los elementos sustraídos en el lugar. No obstante, denunciaba nuevos robos.

Transcurrió casi un año. En abril de 2016, Protección del Patrimonio Histórico alertó sobre la ausencia de atención al monumento por parte del Obispado: no había adoptado ninguna solución y eso ponía en riesgo la conservación del BIC. En consecuencia, proponía iniciar un expediente sancionador. Tras ese informe, Cultura demandó de nuevo al Obispado un proyecto de conservación.

La respuesta llegó el 23 de mayo de 2016. El Obispado afirmaba que ya había enviado el proyecto y que, además, en marzo de 2015 había aclarado las dudas que se le habían planteado. Dos días después, Cultura reiteró su petición y le contestó el Obispado que lo hacía precisamente porque la documentación aportada en su día era insuficiente.

En junio de ese año, el Obispado consultó en Cultura el expediente relativo a la ermita. A continuación, comunicó que se le habían propuesto meras labores de mantenimiento y que para eso no era necesario aportar un proyecto de conservación. La Junta consideró entonces, en julio, manifiestamente desatendido su requerimiento. Y en diciembre acordó iniciar el procedimiento sancionador.

El Obispado presentó alegaciones a las sucesivas resoluciones del expediente. Y así llegó marzo de 2017, cuando Cultura acordó imponer al Obispado una sanción de 30.000 euros y la obligación de presentar el tantas veces reclamado, y otras tantas no enviado, proyecto de conservación de la ermita de San Ambrosio.