El Juzgado de lo Social número 2 de Cádiz ha condenado a la Diputación de Cádiz a indemnizar a un trabajador con el 50% de todas las prestaciones que ha recibido y recibirá a causa de las lesiones que sufrió en 2013 al caer de un andamio en el tanatorio municipal de Alcalá de los Gazules, donde estaba realizando una obra la Institución Provincial. La Inspección de Trabajo exculpó a la Diputación pero el juez considera que sí incumplió la normativa de prevención de riesgos laborales. El andamio, argumenta la sentencia, "ya tenía una deficiencia apreciable por quienes lo montan, considerando que era viejo y con moho".

El accidente ocurrió el 4 de abril de 2013. El trabajador, enlucidor y yesista, se cayó desde una altura inferior a dos metros al romperse la plataforma del andamio en el que se había subido. El hombre se fracturó la muñeca, estuvo de baja más de 700 días y finalmente le fue reconocida la incapacidad permanente absoluta.

El juez responsabiliza a Diputación pese a que fue apoyada por la Inspección de Trabajo

Hubo un acuerdo de indemnización de 55.000 euros por daños y perjuicios entre el trabajador y la aseguradora de la empresa (Diputación). El trabajador, a quien representa el abogado Ramón Dávila, presentó después una demanda en el Juzgado de lo Social en la que reclamó que la Diputación fuese condenada a abonar un recargo de todas las prestaciones derivadas del accidente.

El juez explica en la sentencia que la empresa calificó el accidente como leve y que por eso no dio cuenta a la Inspección de Trabajo, que hizo un informe sobre lo ocurrido dos años después. Ese informe, señala el juez, se basó en las declaraciones del encargado y de dos técnicos de la empresa, pero no intervino el propio trabajador accidentado ni tampoco otro testigo inmediato que estaba en el andamio junto con el demandante.

La inspección de Trabajo consideró que no había infracción de normativa por parte de la Diputación y que ésta eligió un equipo de trabajo adecuado y correcto para el montaje de andamios.

También estimó que la plataforma cumplía con los requerimientos de solidez, estabilidad y resistencia que exige la normativa.

Por el contrario, el juez entiende que desde el primer momento en que se instaló, el andamio ya tenía una deficiencia apreciable por quienes lo montaron, ya que era viejo y con moho. En el juicio quedó acreditado, anota el magistrado, que los encargados de montar el andamio mencionaron que la plataforma era vieja y estaba oxidada. "En todo caso", añade, "al ocurrir el accidente en la misma mañana en que se monta el andamio, ha quedado probado que la deficiencia era real y grave".

"Llama la atención", señala el abogado Ramón Dávila, "que una administración publica como es la Diputación haya incurrido en tan graves incumplimientos de la normativa y que no haya sabido decir en el juicio donde fueron a parar los andamios usados o que ni siquiera pudiera presentar facturas o justificantes de su adquisición, lo que indica un pequeño desastre en cuanto al funcionamiento de los planes de evaluación de riesgos y su efectiva aplicación".