HACE 64 años, en 1948, la ONU se aprobó por la ONU, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ella se inspiró nuestra Constitución de 1978 para plasmar muchos derechos fundamentales: una economía al servicio del interés general, derecho al trabajo, a la vivienda, a la vida digna, a las libertades y a la democracia…

Si nunca esos derechos fueron respetados de manera cabal, hoy los están convirtiendo en papel mojado, vaciándolos de contenido. Es la crisis. O, para ser más precisos, la estafa de la crisis.

Todos sabemos que la crisis que estamos sufriendo no es una maldición bíblica. Su origen y su desarrollo tienen nombres y responsabilidades concretas: se trata de la avaricia y el descontrol de un capitalismo financiero e inmobiliario cuyos atropellos nos han conducido a un precipicio.

Tras su estallido en 2007, fueron muchas las voces que pidieron controlar esos desmanes del capitalismo desbocado. Pero esas voces pronto fueron acalladas y comenzó un proceso austericida liderado por los sectores más neoliberales del capitalismo europeo, cuyas políticas son las que nos están llevando donde hoy nos encontramos, cada vez más hundidos en un oscuro túnel al que difícilmente se ve la salida.

Las políticas que desarrollan hoy los gobiernos europeos, el de España entre ellos a partir de mayo de 2010 con Zapatero e incumpliendo todos sus compromisos electorales el Gobierno de Rajoy, no persiguen determinar las responsabilidades de los sectores financieros, ni poner coto a los desmanes de especuladores y estafadores, ni siquiera sacar al país del pozo donde ellos lo metieron. Por el contrario esas políticas se han situado a su servicio, bajo el yugo de la banca, de los sectores más poderosos del capitalismo financiero y de las muy grandes empresas.

Por eso Zapatero y Rajoy modificaron una Constitución que para otras cosas consideraban sagrada de forma poco democrática, para que el pago de la deuda a los bancos tuviera absoluta prioridad, con rango constitucional, aunque fuera arrollando los derechos de las personas y pasando por encima de las necesidades de la ciudadanía.

Pero la deuda no es una deuda limpia, es en su mayor parte una deuda odiosa e ilegítima, que se ha generado, incrementando además el déficit, precisamente por los rescates bancarios y por las rebajas a los impuestos a las grandes empresas y fortunas, a los más ricos de este país.

Para salvar a los mismos que nos hundieron, no dudan en acabar con todos los derechos: la reforma laboral que violenta los derechos de los trabajadores dando todo el poder a los empresarios; los recortes en educación y la implantación de un modelo educativo clasista y elitista; el desmantelamiento de la sanidad pública para convertirla en un negocio en manos privadas; los retrocesos en políticas de igualdad y derechos de la mujer; el fin del apoyo a la igualdad de las personas dependientes; el desmantelamiento de la protección social; la vivienda que nunca terminó de ser un derecho pero que hoy es ya un auténtico escarnio social y un robo sin careta; los derechos de las personas inmigrantes; el retroceso en la políticas de cooperación a niveles de hace 30 años; la vuelta a normativas que pueden hacernos retroceder décadas en la protección del medio ambiente…

Una lista de despropósitos y de violaciones de derechos humanos cuyas consecuencias están a la vista: hundimiento de la economía real, crecimiento de paro a niveles sin parangón, crecimiento de la pobreza y la exclusión social, y en general angustia y sufrimiento para millones de personas.

Despropósitos que ni siquiera van acompañados de una sola medida para recaudar a los más ricos. Ni una sola.

Pero eso no es sino expresión de un proyecto político de más calado y alcance puesto en marcha por el Gobierno: con la excusa de la crisis se trata de impulsar un cambio de fondo en el sistema social, político y económico para ponerlo al servicio de los más ricos y además anclado en valores ideológicos profundamente alejados del espíritu constitucional y del de la Declaración de Derechos Humanos, tal como venían exigiendo la Conferencia Episcopal, los sectores más conservadores del Partido Popular y un sinfín de medios de comunicación ultramontanos.

En este contexto, las lagunas del sistema democrático se están haciendo más evidentes y profundas, generando un cada vez mayor desapego de la ciudadanía, al que la mayoría de los políticos no sabe o no quiere dar respuesta con imprescindibles reformas de calado. El desprestigio de los partidos políticos y de la política, en algunos casos injustamente, está llegando a niveles alarmantes desde la instauración de la democracia en España. Y uno de sus peligros es el incremento de las opciones populistas y xenófobas

Se trata, en suma, de un retroceso sin precedentes en nuestros derechos. Los derechos que entre todos y todas hemos conquistado. Derechos Humanos fundamentales destrozados, destruidos

Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía creemos que es necesario parar esa deriva, porque quieren acabar con todos los derechos que tanta lucha y sufrimiento costó conseguir.

Y no es verdad que no haya más remedio, que sea irremediable… Hay alternativas. Pero, para ello, habría que sacudirse el yugo de esos bancos y mercados y hacer políticas a favor de la gente. Porque hay otras alternativas que respetan los derechos humanos sin que tengamos que sufrir y pagar el 99% de la ciudadanía.

Cuando se cumplen 64 años de la Declaración Universal y 34 de la Constitución, creemos que hace falta un amplio compromiso social para defender los derechos humanos que, cuando no se defienden, irremediablemente se pierden

En un presente tan oscuro, al que se le ven pocas salidas, es responsabilidad de todos y todas, de nuestro compromiso, no dejarnos llevar por la sensación de inevitabilidad y de impotencia. Sólo con nuestro compromiso y responsabilidad, el de toda la ciudadanía, con la movilización social, será posible cambiar las cosas.