La familia del teniente coronel del Ejército Ramón Romea, asesinado por ETA en 1981, ha presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, ya que la Justicia belga no ha ejecutado la orden de detención contra la presunta autora del crimen, Natividad Jauregi.

Se trata de la primera vez que los familiares de una víctima de la banda terrorista acuden a Estrasburgo, tal y como explicaron ayer en rueda de prensa Carmen, una de las hijas del asesinado y Mari Mar Blanco, la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, organismo que respalda la iniciativa junto con el Ministerio del Interior y la asociación Covite.

Covite lleva tres años denunciando una decisión "fraudulenta y bochornosa"

Una demanda presentada el lunes con la que esta familia quiere recurrir la decisión de los tribunales belgas, que hasta en dos ocasiones consecutivas han decidido no ejecutar la orden de detención y entrega dictada por la Audiencia Nacional contra la etarra Natividad Jauregi, presunta autora del asesinato del militar.

Es además la única etarra que queda por enjuiciar del comando Vizcaya de aquellas fechas, integrado por José Antonio Borde, Sebastián Echaniz y Enrique Letona, condenados a penas de 28 años de prisión cada uno por la Audiencia Nacional en 2007.

Jauregi fue detenida en Gante (Bélgica) el 8 de octubre de 2013 y un año después la Justicia belga denegó la extradición "al presumir que España podría violar los derechos humanos".

"Es una asesina con todas las letras", dejó claro su hija acompañada de otras dos hermanas, Montse y Paz, antes de lamentar que la etarra está viviendo "como una reina", con una empresa propia de catering, mientras recibe el amparo de un tribunal de un país que "tiene la obligación" de cumplir con las decisiones de la Justicia española.

El 19 de marzo de 1981, Ramón Romeo acudió a la misa de las 09:30 en la Basílica de Begoña de Bilbao. Cuando terminó la ceremonia religiosa, un hombre y una mujer le siguieron y ella le disparó en la nuca. Dos días después falleció en el hospital.

Desde que en 2014 los tribunales belgas decidieran por primera vez denegar la extradición, el colectivo de víctimas Covite, según explicó su presidenta, Consuelo Ordóñez, ha denunciado la situación ante eurodiputados españoles, el embajador español en la capital belga y el Gobierno, al que ha instado a denunciar el caso. Por este motivo, la demanda apela a corregir el "incumplimiento manifiesto" de la obligación de la jurisdicción belga de dar protección al derecho a la vida, una decisión "manifiestamente fraudulenta y bochornosa", en palabras de Ordóñez.