La Gerencia Municipal de Urbanismo ha dado un paso decisivo para afrontar el desarrollo de los polvorines de la mano del centenar de propietarios que se ha sumado al acuerdo de bases que, hace justo ahora un año, el Gobierno municipal puso sobre la mesa como alternativa para evitar las expropiaciones y que, finalmente, fue aprobado por el pleno el pasado mes de marzo.

Urbanismo ha elaborado un primer documento -una especie de borrador- en el que se recogen los criterios generales del mencionado acuerdo de bases. No quiere esto decir que el Ayuntamiento vaya a suscribir un único convenio. Habrá un acuerdo con cada propietario de finca en función de sus características y peculiaridades pero, eso sí, según unos criterios generales, que son los de dicho acuerdo de bases.

Con cada uno de estos propietarios o sus representantes, el Ayuntamiento consensuará ahora el convenio urbanístico que garantizará el futuro desarrollo de este ámbito. Una vez cerrado el convenio con los representantes de los propietarios, la Gerencia Municipal de Urbanismo lo elevará al consejo de gestión y, a continuación, se llevará a pleno para proceder a su aprobación. El siguiente paso será la firma.

Para el alcalde, Manuel de Bernardo se trata de un avance fundamental para afrontar el esperado desarrollo de los antiguos polvorines. El regidor, de esta manera, recordó que la propuesta presentada en noviembre del año pasado a los propietarios del suelo tenía por objeto alcanzar un acuerdo que evitara la expropiación. "El Gobierno municipal siempre ha mantenido que nuestro principal objetivo es alcanzar un acuerdo, no la expropiación", insistió. Y recordó que, al acuerdo de bases, se han adherido todos los propietarios afectados por la reserva de suelo, a excepción del Ministerio de Defensa, que ha rechazado la propuesta planteada por el Ayuntamiento para desarrollar este medio millón de metros cuadrados que está en desuso desde hace años.

Urbanismo ha comenzado a trabajar los convenios urbanísticos después de que, hace poco más de una semana, justo tras la segunda aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el Gobierno municipal diera a conocer un fallo judicial -el primero- que ratificaba la actuación desarrollada con el proyecto de delimitación de los polvorines para su incorporación al patrimonio municipal de suelo. Aseguraba el fallo que "es el bien común el que justifica la reserva de suelo y descarta arbitrariedad o desviación de poder por parte del Ayuntamiento". Con esta sentencia De Bernardo ha visto reforzada su postura y ha vuelto a pedir a Defensa que se siente a negociar, que se sume al acuerdo de bases.