En enero de 2007, cuando apenas quedaban unos meses para las elecciones municipales, De Bernardo se adelantó a la operación que la Junta y el Ministerio de Defensa preparaban para desarrollar los terrenos de los polvorines de Fadricas al anunciar una reserva de suelo sobre este medio millón de metros cuadrados de suelo, unos terrenos estratégicos y de gran valor que se consideran vitales para el futuro de La Isla.

Fue todo un golpe de efecto con el que el Gobierno municipal -tras años de bloqueo de las negociaciones para la recuperación del suelo, que acumulaba una década sin uso- quiso cambiar el rumbo de los polvorines y forzar unas negociaciones con el Ministerio de Defensa, uno de los propietarios mayoritarios del suelo.

Pero el proyecto de delimitación afectaba también a otros muchos propietarios, pequeños y grandes. Todos ellos recurrieron en el Juzgado el acuerdo plenario del 26 de septiembre de 2008 por el que se aprobaba dicha reserva de suelo con la pretensión de anular el procedimiento.

Y, ahora, dos años después, se ha fallado el primero de estos recursos, interpuesto por uno de los propietarios mayoritarios de Fadricas. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Cádiz ha dado la razón al Ayuntamiento al desestimar dicho recurso, una sentencia que sentará precedente sobre todos los demás recursos que pretenden la anulación de la reserva de suelo, incluido el presentado por el propio Ministerio de Defensa.

Pero todo esto, para el Gobierno municipal, que ni siquiera ha querido desvelar el nombre del propietario al que ha ganado el recurso, es ya secundario. El propio alcalde, Manuel de Bernardo, se expresaba ayer en estos términos. Lo importante -afirmaba- no es haber ganado un recurso, porque el Ayuntamiento ha alcanzado ya un acuerdo con todos los propietarios del suelo que no tiene marcha atrás. "Con todos, excepto con el Ministerio de Defensa", dijo.

Aludía el regidor andalucista al acuerdo de bases que el Pleno aprobó en el pasado mes de marzo tras declarar innecesaria la expropiación de suelo de los antiguos polvorines de Fadricas, un punto de partida que permitirá suscribir futuros convenios urbanísticos para afrontar el desarrollo de ese medio millón de metros cuadrados colindantes con el saco interior de la Bahía de Cádiz. Y todos, menos Defensa, se han acogido a este acuerdo de bases.

Por eso, para De Bernardo, la relevancia del fallo estriba en los argumentos que emplea el Juzgado a la hora de aprobar la actuación municipal, unos argumentos que son rotundos y que, literalmente, afirman que "existe una sólida fundamentación que acredita inequívocamente que es el bien común el que justifica la actuación del Ayuntamiento, sirviendo además de enlace entre el planeamiento vigente y el nuevo PGOU".

La sentencia, con fecha de 28 de septiembre, asegura que el procedimiento seguido por el Ayuntamiento para tramitar el expediente administrativo "se ajusta a derecho y no existe ni arbitrariedad ni utilización de la potestad para un fin distinto al previsto en la Ley". "Es decir, que no existe desviación de poder", aclaró De Bernardo.

El Juzgado asegura que el procedimiento seguido por el Ayuntamiento ha sido totalmente correcto y ha cumplido con sus respectivos plazos de alegaciones. Por ello, no ha habido infracción de normas de procedimiento. Además, afirma que el proyecto de delimitación cumple con las finalidades y destinos del Patrimonio Municipal de Suelo y cuenta con una "sólida fundamentación".