Hace cuatro años, el 20 de enero de 2010, un agente de la Policía Local isleña, José Manuel Barrera Sánchez, se vio envuelto en un incidente que acaeció en un bar de la localidad de El Puerto de Santa María y que, durante los días posteriores al suceso, acapararía varios titulares en la prensa. Aunque estaba fuera de servicio, en su calidad de funcionario policial se implicó en lo que parecía una pelea sin conocer que enfrente tenía a varios mandos de la Policía Nacional de esta ciudad que iban de paisano, entre ellos, el propio comisario y un par de inspectores jefes. Al exigirse mutuamente que se identificaran se originó un altercardo que acabó con la detención de José Manuel Barrera. Un lío tremendo al que siguieron versiones contradictorias hasta que, un día después, este agente de la Policía Local isleña fue puesto en libertad tras interponer un procedimiento de habeas corpus y declarar ante el juez. Es un suceso conocido que poco después quedaría archivado en los Juzgados.

Pero lo ocurrido -dice este agente- le dejó tocado. Esa misma semana se dio de baja médica en el servicio por sufrir insomnio y un trastorno ansioso-depresivo. Se lo diagnosticó el psiquiatra al que había sido remitido siguiendo las recomendaciones de su propio médico de cabecera. No se le consideraba apto para ejercer las funciones propias de un funcionario de la Policía Local ni mucho menos para estar en posesión de un arma de fuego. Estuvo 20 meses de baja, hasta que -insiste- le obligaron a incorporarse a su puesto de trabajo. Incluso cuando regresó a la Jefatura lo hizo sin permiso para portar armas porque -recuerda- no era recomendable. Se dedicaba fundamentalmente a labores administrativas.

Ni el Ayuntamiento ni la mutua correspondiente consideraron que esta prolongada baja era producto de un accidente de trabajo, como por su parte demandaba este funcionario, que insistía en la relación directa entre su frágil estado de salud y el incidente en el que se vio envuelto en la localidad de El Puerto de Santa María. Así que, con la ayuda del letrado isleño Mariano Gago, emprendió una ardua batalla legal.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acaba de darle la razón. Lo ocurrido "es derivado de accidente de trabajo", señala la sentencia. La resolución judicial es del pasado mes de septiembre aunque no ha sido aireada hasta ahora a la espera de que se presentaran posibles recursos que, finalmente, no se han dado. La sentencia es firme. E incluso el SPLI, el Sindicato de la Policía Local, ha valorado su trascendencia y repercusión. Fuentes sindicales aseguran que, desde que se conoció la resolución del TSJA, han estado recibiendo llamadas de compañeros de diversas localidaddes andaluzas. La sentencia, reconocen, ha sentado un importante precedente legal al reconocer que una actuación de este tipo -un agente de la Policía Local fuera de servicio y en otra localidad- pueda ser considerada como accidente de trabajo. Algo que ni el propio Ayuntamiento de San Fernando consideraba y que incluso había negado con insistencia al remitir los oportunos informes para los controles de la baja médica. El insomnio y el síndrome ansioso-depresivo no eran sino considerados como una enfermedad común del agente, según la postura municipal, que negaba de esta forma su relación con el incidente de El Puerto.

Tras la sentencia del TSJA, este agente de la Policía Local, prepara con su abogado un nuevo recurso para exigir al Ayuntamiento el pago de daños y perjuicios y la restitución de las cantidades económicas que ha perdido al no haberse considerado lo ocurrido desde un primer momento como el producto de un accidente de trabajo.