La junta de gobierno del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Provincia de Cádiz (Cosital) ha cerrado filas en torno a los dos funcionarios con habilitación de carácter estatal que se han visto salpicados por el robo millonario de la caja de efectivo y cuya continuidad en el Ayuntamiento isleño se ha puesto en entredicho tras la sentencia dictada recientemente por el Tribunal de Cuentas.

Tanto el interventor general, José Antonio López Fernández, y su predecesor en el cargo (que lleva ya años jubilado), Rafael Monzón Ristori, como la tesorera, María de las Virtudes Gómez Montero, han recibido el apoyo del órgano colegiado, que incluso ha redactado un comunicado que ha publicitado en medios de comunicación y que se recoge también en su página web desde el pasado 11 de diciembre.

El Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros se ciñe a los términos en los que está redactada la sentencia del Tribunal de Cuentas para subrayar que, tanto la tesorera como los interventores, "únicamente" son considerados responsables con carácter subsidiario. "Limita (la sentencia) sus responsabilidades exclusivamente a las cantidades de 29.779,05 euros, 67.450,72 euros y 29.544,65 euros", apostilla. Además, "tales cantidades serían sólo exigibles en el caso de que no hayan podido hacerse efectivas las responsabilidades directas a las que han sido condenados los cajeros municipales".

El Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Provincia de Cádiz, en este sentido, recalca que el Tribunal de Cuentas, en el procedimiento de reintegro por alcance, reconoce que "se ha producido un menoscabo en los fondos municipales por importe de 7.665.733,92 euros", si bien considera responsables contables directos a los trabajadores municipales que estaban al frente de la caja, a los que condena a restituir la cantidad desaparecida más los oportunos intereses.

Con respecto a interventores y tesorera, el órgano colegiado resalta que la sentencia "determina por tanto mínima y subsidiaria la posible responsabilidad de los habilitados de carácter estatal afectados del Ayuntamiento de San Fernando". Es más, apunta, la resolución subraya el buen hacer de los funcionarios al denunciar el robo y poner orden en las oficinas de Hacienda del Ayuntamiento. "(La sentencia) reconoce expresamente el trabajo y esfuerzo realizado por estos funcionarios, sin los que no habría sido posible detectar y cuantificar el alcance que presuntas conductas dolosas de terceros estaban produciendo. De hecho, el interventor y la tesorera fueron los denunciantes", apunta.

Recuerda el Colegio de Interventores que la sentencia del Tribunal de Cuentas no es firme y asegura que será recurrida por los profesionales afectados. Dicho recurso -afirma su junta de gobierno en el comunicado- debería prosperar "en tanto en cuanto no es posible atribuir responsabilidad objetiva alguna a los habilitados estatales".