La recalificación de la plaza de viceinterventor para el Área de Hacienda del Ayuntamiento isleño -como definió el alcalde el punto que se ponía sobre la mesa- fue aprobada en el pleno del pasado mes de noviembre. A pesar de ello el debate que suscitó recuperó las reticencias que existían sobre la idoneidad de este puesto en la Administración local. En esta ocasión, se cuestionó las condiciones establecidas por el Gobierno municipal para ocupar definitivamente la plaza por considerar, como apuntó el concejal socialista Fernando León, que se realiza "un traje a medida" de la funcionaria que ya desempeña estas funciones en las oficinas de la avenida San Juan Bosco desde hace unos meses.

También el coordinador de Izquierda Unida (IU), Pedro Reyes, puso en duda que se consideraran méritos las dos cuestiones que han despertado más susceptibilidades en este proceso, precisamente aquéllas que han sido fijadas por el Ayuntamiento. Para empezar se valora que la persona ya haya trabajado en esas tareas en municipios que superen los 96.500 habitantes, algo que se cumple en La Isla con la viceinterventora actual. También se considera necesario que tenga experiencia en una localidad con influencia de instalaciones militares. "Eso no son méritos", insistió Reyes en la última sesión plenaria.

El viceportavoz del PSOE, Fernando León, reiteraba hace unos días sus críticas a los criterios de baremación que ha puesto el Consistorio. "Se ha puesto para un perfil determinado, para una persona específica, lamentó. Es que no hay una localidad que cumpla ambos requisitos. "Rota tiene instalaciones militares, pero no llega a la cifra de habitantes", apuntó, "Ferrol está en las mismas". Irónicamente el dirigente socialista pedía que se incluyera otra condición: que fuera una ciudad afectada por Parque Natural. "Eso se hizo cuando la plaza de la tesorera", recordaba. A su entender, debería haberse actuado de otra forma.

La respuesta municipal en el pleno de noviembre se centró en defender su actuación, asegurando que cada administración impone sus criterios de baremación según las necesidades de la plaza, en este caso "los méritos específicos acordes a la ciudad" que debe tener la persona en cuestión. El delegado de Hacienda, Manuel Raposo, insistió en esta línea. "Me denuncian en fiscalía: os ponen nerviosos los interventores", le dijo al grupo socialista, en clara referencia al proceso judicial por los EREs de la Junta de Andalucía.

Las palabras de León, que argumentó que la plaza no era necesaria al reducirse los órganos autónomos del Ayuntamiento y por tanto la carga de trabajo, molestaron al interventor durante el pleno. A él aludió el concejal socialista al recordar que además realizaba funciones para el Consorcio de Bahía de Cádiz que realiza el servicio de transferencia, transporte y tratamiento de los residuos urbanos entre los distintos ayuntamientos de la provincia, de nuevo para poner en duda la sobrecarga de trabajo de este departamento.

Junto a eso la ideoneidad de este cargo se compara con la situación de la plantilla municipal, que pierde efectivos principalmente por jubilación sin que se cubran las plazas vacantes (excepto de la Policía Local, que está en trámites); y se analiza por el gasto que supone para las arcas municipales, unos 73.000 euros al año, cuando está sometida a recortes.

En octubre de 2011 el Gobierno local intenta poner en marcha el trámite para contar con un viceinterventor. El Sindicato de Policía Local Independiente (Spli) recurre y frena el proceso varios meses, aunque en mayo de 2012 regresa a sesión plenaria y se aprueba. El procedimiento de provisión de la plaza de viceintervención se inicia en abril. Entonces el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de la provincia de Cádiz efectúa un llamamiento entre los funcionarios con habilitación de carácter estatal de la subescala de Intervención Tesorería. La plaza se cubre con la toma de posesión de la nueva viceinterventora el 7 de mayo.