Los 44 municipios de la provincia de Cádiz recibirán una inyección de 131,94 millones de euros procedente del nuevo Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Social aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros, que destinará 886,7 millones para el conjunto de Andalucía de los 5.000 millones previstos para los 8.115 ayuntamientos de España.

El nuevo programa, que pretende ser una continuidad del Fondo Estatal de Inversión Local, financiará inversiones de ejecución inmediata por parte de los ayuntamientos. A diferencia del plan anterior, el actual dará prioridad a proyectos de desarrollo sostenible en sus vertientes medioambiental y de apoyo a la innovación económica y social.

El carácter social es una de las novedades de la medida que persigue "impulsar la recuperación económica y la creación de empleo, así como encauzar el modelo económico hacia un patrón mayor sostenibilidad", explicó ayer el Ministerio de Política Territorial, encargado de gestionar el Fondo recién creado. Los consistorios gaditanos podrán emplear un máximo de 26,4 millones de euros en gastos de carácter social, es decir, en centros de servicios sociales, sanitarios, culturales y deportivos, además de gasto corriente destinado a servicios sociales, especialmente educación y atención a la dependencia. El montante económico previsto para acciones sociales es el 20% del total. El 80% restante, 105,5 millones, servirán para proyectos relacionados con la sostenibilidad económica y medioambiental.

La cuantía que el Gobierno se dispone a liberar para el nuevo plan es menor que el anterior, que superó los 213 millones de euros en la provincia de Cádiz. Los casi 132 millones de euros que tendrán disponibles ahora los ayuntamientos gaditanos se distribuirán por los municipios en función de su población. Así, Jerez (la ciudad más habitada de la provincia, con más de 205.000 personas), podrán gastar 22,2 millones de euros, mientras que Villaluenga (la memos poblada, con 475 ciudadanos) podrá invertir algo más de 51.000 euros.

El Fondo incorpora novedades respecto al que todavía está vigente. Los nuevos contratos se harán, como hasta ahora, a trabajadores inscritos como demandantes de empleo, con la novedad de que tendrán prioridad los parados de larga duración, es decir, los que lleven más de doce meses registrado en las oficinas.

Los proyectos pueden ser presentados por ayuntamientos o mancomunidades de municipios y no podrán superar los 5 millones de euros. El plan aprobado la semana pasada permite además destinar hasta un 20% al equipamiento de edificios o instalaciones financiados con cargo al Fondo. Esta nueva convocatoria incluye un incremento de los anticipos que se transferirán a los ayuntamientos una vez aprobados los proyectos, que alcanzarán el 85% del coste total.

Una vez en vigor el Decreto- Ley, los municipios tendrán tres meses para presentar proyectos, que deben ser de nueva planificación. Las obras podrán iniciarse desde el 1 de enero del próximo año.