El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha insistido en que la Junta de Andalucía incumplió su Plan Especial de Empleo de Cádiz -Plemca- y reitera que la Consejería de Empleo debe resolver las peticiones de ayudas formuladas por los empresarios gaditanos que no fueron contestadas tras la súbita suspensión de este programa el 4 de agosto de 2004. El importe de los expedientes sin resolver, en los que se solicitaban subvenciones para crear puestos de trabajo, asciende a más de 12 millones de euros, según ha defendido en los últimos años José Blas Fernández, presidente del Colegio de Graduados Sociales de la provincia y que ocupa además la Concejalía de Hacienda en el Ayuntamiento de Cádiz (PP).

José Chamizo ya recomendó en julio a la Consejería de Empleo que resolviera estas peticiones oficiales y señaló que, con su olvido, la Administración está vulnerando varios preceptos legales. Después de recibir la respuesta de la Junta, en la que el consejero del ramo Antonio Fernández utiliza discrepancias técnicas para desmarcarse del caso, el Defensor del Pueblo ha indicado que incluirá los coletazos del Plemca en su informe anual entre aquellos asuntos "que no se han resuelto positivamente cuando ello era posible, con expresa mención de autoridades y funcionarios responsables", según consta en una misiva remitida al titular de Empleo.

En el escrito, el Defensor del Pueblo recuerda a Fernández la responsabilidad de la Consejería de Empleo de la Junta en dar respuesta a esta queja sobre los incumplimientos del Plemca.

Además, rechaza el argumento esgrimido por Empleo de que los empresarios que no recibieron respuesta a sus solicitudes en el plazo legal de seis meses debían entender que éstas habían sido desestimadas al producirse una situación de silencio administrativo. "La Administración tiene la obligación legal de resolver expresamente cuantos asuntos se le planteen por los interesados", subraya Chamizo, que señala además que el demandante "tiene derecho a acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa a efectos de poder impugar el silencio negativo de la Administración, debido a la falta de una resolución expresa" de las peticiones.

El Plemca ofrecía una serie de ayudas para fomentar la contratación en la provincia, entre las que destacaba el pago de 6.000 euros a las empresas por cada nuevo empleo indefinido. El programa fue suspendido en 2004 aunque quedaron por resolver las ayudas presentadas desde finales del año anterior.