Lo que empezó como un gesto de protesta frente a la negativa de la Junta de Andalucía a resolver un conflicto, se ha convertido hoy en un gesto de fuerza, el que mantiene un grupo de extrabajadores de Delphi con su encierro en el edificio de los sindicatos en Cádiz y que ayer cumplió la simbólica cifra de 500 días.

Este grupo de afectados inició esta medida para llamar la atención sobre su "desesperada" situación, que achacan a los "incumplimientos" por parte de la Junta de los compromisos adquiridos hace ya casi ocho años. Fuentes del colectivo explicaron ayer que la situación que atraviesan es "crítica", ya que la mayoría no recibe "ningún tipo de prestación" y "los que cobran algo están en los últimos seis meses de ayuda familiar". Comentaron que tienen "esperanza" en que, tras la formación del nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía, dicha Administración "retome el diálogo" con el colectivo.

Entretanto, confían en que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dicte próximamente sentencia en relación a las demandas interpuestas por USO, UGT y la Asociación de Extrabajadores de Delphi por la "inactividad de la Junta de Andalucía" en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en su día con estos trabajadores en el protocolo del 4 de julio de 2007 y en los desarrollos posteriores.

Al respecto de dichas demandas se pronunciaron ayer los representantes de CCOO, Jesús Serrano; UGT, Antonio Montoro; y USO, Miguel Paramio. El primero de ellos, Serrano, avanzó ayer en declaraciones a este periódico que su sindicato se adherirá a la demanda presentada por UGT "para ayudar a que prospere". Sobre el fondo de la cuestión, recordó que "lo que se ha pedido siempre es empleo, reindustrializar la Bahía de Cádiz, no queremos indemnizaciones". Al respecto de las alegaciones presentadas por el Gabinete Jurídico de la Junta a las demandas de USO y UGT (publicadas por este periódico en días pasados), Serrano insistió en que "la Junta dice todo lo que ha hecho, pero no cabe duda de que lo ha hecho mal, porque en los últimos cinco años no ha llegado a la Bahía ni una sola empresa con más de 50 trabajadores. Lo que ha hecho ha sido darnos cloroformo".

Más crítico se mostró el representante de UGT, Antonio Montoro. Señaló que "en primer lugar, toda la documentación que ha presentado la Junta estaba fuera de plazo; sólo por eso esperamos que el TSJA nos dé la razón. En segundo lugar, todo lo que critica a los sindicatos fue aprobado por todos y publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), con lo que se demuestra que el agravio comparativo es más que evidente". Por último, Montoro indicó que hace unos 20 días que su sindicato presentó las conclusiones de la demanda y espera que, a más tardar en septiembre, "se dé una solución para los 543 afectados".

Por último, Miguel Paramio fue el más contundente. Comenzó por asegurar que el primer objetivo de las demandas "era buscar la reindustrialización de la comarca y el empleo, y si hubo medidas sociolaborales como prejubilaciones o el Proyecto Personal de Inserción (PPI) fue porque la Junta lo firmó". Añadió que "dice la Administración que se ha gastado muchos millones en este colectivo, pero a la vista está que lo ha gastado mal. Es indignante que vuelvan con la cantinela de que cobramos 100.000 euros de media, cuando hubo compañeros que se llevaron 3.000". También recordó que "el DTS lo creó la Junta" y que, "a estas alturas no queremos dinero, queremos cotizar". Por último, recordó que "pudimos irnos con 90 días por año, pero la Junta medió, dijo que se quedaba con los terrenos a cambio de cobrar 45 días".