Los ex delegados de Empleo y Educación, Juan Bouza y Manuel Brenes, dos veteranos del socialismo gaditano y claves en la política de la Junta de Andalucía en la provincia durante años, fueron detenidos ayer y prestaron declaración en Sevilla en el marco de esta operación, que es una derivada en sus inicios de la indagación acerca de las actividades del sindicato UGT, que, posteriormente, acabaría siendo la Operación Edu y que ahora amplía su mira al Servicio Andaluz de Empleo. 

Fuentes cercanas a la investigación, señalaron que la inclusión de Bouza y Brenes en el listado de dieciséis detenidos en esta fase, todos altos cargos provinciales en toda la región, no obedece a ninguna circunstancia especial que no sea la de "pertenecer a un engranaje en el que ellos actuaban como colaboradores necesarios, al permitir que empresas que no habían sido fiscalizadas siguieran recibiendo ayudas pese a no justificar sus gastos". 

Estas mismas fuentes añadieron que en ningún caso se acusará a Bouza y Brenes de haberse enriquecido a través de este presunto fraude, sino de formar parte de una administración que tejía redes clientelares. De hecho, también ha sido detenida Teresa Florida, la ex directora general de Formación, cuñada de Ángel Ojeda -ya detenido el pasado verano-, cuyas empresas se llevaron algunos de los más suculentos contratos de Formación, como fue el de los trabajadores de Delphi. "Era un sistema rígido que te permitía dar subvenciones de manera laxa a quien tú quisieras". En este sistema, delegados territoriales, según la investigación de la juez Alaya a través de la UCO de la Guardia Civil, eran imprescindibles para "certificar ayudas que se habían justificado de manera irregular o no se habían justificado".

La investigación de la Formación, en la que Bouza y Brenes actuarían presuntamente como peones de una maquinaria en la que ellos no decidían nada, va al mismo corazón del funcionamiento de la Junta. Esta vez la juez Alaya va muy lejos porque, a través de las declaraciones de los detenidos, va a intentar demostrar un funcionamiento fraudulento que viene de la misma cúspide, una dinámica política que atentaba, directamente, contra la igualdad de oportunidades. La acusación es tremendamente grave.

Juan Bouza, que fue delegado de Empleo entre 2004 y 2012, funcionario del Ayuntamiento de Cádiz, a donde regresó tras su paso por la política oficial, intervino en todo el proceso edl caso Delphi de la mano del consejero de Empleo Antonio Fernández. 35 millones de euros se destinaron sólo para la formación de los ex empleados de esta multinacional tras el cierre patronal y su deslocalización.       

Por su parte, Manuel Brenes, que había dejado un buen sabor de boca al frente de la delegación provincial de Educación, recibió un regalo envenenado cuando fue nombrado director general de Empleabilidad y Formación Profesional. Como tal, el cargo no tenía una gran capacidad ejecutiva, pero su estrecha relación con la FAFFE (Fundación Andaluza de Formación y Empleo), que tuvo que ser desmantelada por la propia Junta al no haber forma de que cuadraran las cuentas, puso el nombre de Brenes en el punto de mira de los investigadores. 

En realidad, de Juan Bouza y de Manuel Brenes más que nada se espera información y confirmar un modus operandi que trasciende de sus cargos como ejecutores provinciales de una fórmula creada y pensada desde arriba.