Un año después de la implantación del certificado de eficiencia energética, el desconocimiento y la desorientación de los ciudadanos es la principal traba a la que se enfrentan los técnicos cualificados que tienen encomendada la tarea de calificar las viviendas y locales puestos a la venta o en alquiler. El certificado ha sido interpretado por la sociedad como "un impuesto más" a causa del "mercadeo" y de "las malas prácticas" llevadas a cabo por "profesionales no cualificados", afirma el decano del Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz, Domingo Villero.

Ayer se cumplió un año de la entrada en vigor del Real Decreto 235/2013 de 5 de abril, que obliga a los inmuebles anunciados a la venta o en alquiler a tener su certificación energética.

Los edificios que no tienen la obligación de tener un certificado de eficiencia energética son aquellos monumentos protegidos oficialmente, construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o menor de dos años, edificios aislados con superficie menor de 50 metros cuadrados, edificios que se compren para su demolición o aquellas viviendas cuyo contrato de arrendamiento sea por un tiempo inferior a cuatro meses.

Para los demás propietarios de la vivienda, edificio o local es obligatorio disponer de esta certificación que tendrá un plazo de validez de 10 años y cuyo documento recogerá la normativa vigente, sobre ahorro y eficiencia, en caso de existir, en el año de construcción; una descripción de las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador y calificará mediante una etiqueta energética el edificio. Además, debe incorporarse a la oferta de la vivienda puesta a la venta o en alquiler.

La Junta de Andalucía podrá llevar a cabo inspecciones. En caso de incumplimiento, falsedad o fraude se podrá sancionar y las cantidades de dichas multas podrían llegar a los 6.000 euros.

Cuarenta y ocho colegiados se han adherido a la Plataforma de Certificación Energética del Colegio de Cádiz, que ofrece hasta 15 cursos de formación en las herramientas CE3 y CE3X.

Villero considera que aún quedan algunos aspectos por mejorar, como el conocimiento por parte de vendedores o arrendadores de la obligatoriedad de este certificado. "Se ve como un impuesto más", explica, "debido al mercadeo y las malas prácticas llevadas a cabo por profesionales no cualificados o que no han aportado un valor añadido a su trabajo, como la propuesta de mejoras en su vivienda para ahorrar más energía y que incluso han realizado su trabajo sin ni siquiera realizar visita".

"Todas estas prácticas las estamos denunciando a través de nuestro Consejo General y colaborando activamente con asociaciones de consumidores. Nuestro interés y nuestra responsabilidad nos hacen velar por la seguridad de usuarios y consumidores. En nuestro Colegio siempre encontrarán la máxima colaboración", señala Domingo Villero.