Otro trabajador de la perrera de Puerto Real ha sido imputado en el procedimiento penal abierto por un juzgado de la localidad por la muerte de decenas de perros tras ser inyectados por un paralizante, con lo que ascienden a siete los inculpados en el caso denunciado por la asociación El Refugio.

Nacho Paunero, -el presidente de esta asociación protectora de animales, que junto a varios activistas han escenificado en Cádiz el horror que supuestamente ha estado sucediendo durante años en la perrera, junto a varios perros salvados-, ha recordado a los periodistas que en el caso están imputados el dueño de la perrera, la directora, el anterior y actual veterinarios, y tres trabajadores de las instalaciones, que ahora se encuentran cerradas.

Los delitos que se les imputan son maltrato animal, denuncia falsa y falsificación de documento público.

Paunero ha explicado que ayer un agente del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil declaró «textualmente» ante la juez que instruye el caso que en las cubetas de residuos peligrosos de la perrera «había 53 ampollas vacías del fármaco mioflex y que no había ningún tipo de anestésicos».

Además, en sus declaraciones, los dos veterinarios imputados aseguraron que inyectaban mioflex en los animales una vez muertos con el objetivo de romper el «rigor mortis» y evitar que estuviesen rígidos; una declaración, que en opinión de Paunero, es «científicamente falsa» .

El proceso penal se encuentra en la actualidad en fase de instrucción y los miembros de El Refugio lo han calificado como «ejemplar» porque continúa «con gran celeridad y nos anima a seguir denunciando».

El Refugio denunció los supuestos hechos ilícitos ante el Seprona el pasado 15 de junio, iniciándose un procedimiento penal en el Juzgado número 2 de Puerto Real que hasta el día de hoy tiene más de mil folios.

La asociación está personada como acusación «en el primer procedimiento penal contra una perrera en España».