El informe Doing Business 2012, que publica el Banco Mundial, sitúa a España en el puesto 44 del ranking para hacer negocios, justo por encima de Ruanda. Podríamos escalar en esta clasificación si no ostentáramos el puesto 133 en la sección 'trámites para abrir un negocio'. En España se tarda una media de 28 días en resolver el papeleo para poner en marcha una empresa. En los países de la OCDE se tarda 12. A Ramón Iglesias le llevó mucho más tiempo.

La silenciosa bodeguita con botas de roble, un minilagar y una pequeña almazara que tengo ante mí está situada a tres kilómetros del núcleo poblacional más próximo, Conil (Cádiz), y no parece una discoteca. Sin embargo, siguiendo la Tabla 3 del Anexo I del decreto 326/2003, tiene el estudio acústico exigido por Medio Ambiente.

Las siete gallinas ponedoras, el gallo y los dos gansos que tengo delante cuentan con informe sanitario, autorización ambiental, proyecto técnico, declaración de actividades contaminantes del suelo, certificado de eficiencia técnica y certificado de cumplimiento de la protección de la calidad del cielo nocturno. Miro a las gallinas ponedoras. No habrá gallinas en Andalucía con más papeles, pero es que se acogen a los reglamentos 1069/2009 y el 142/2011 referidos al uso industrial de fertilizantes. Son siete gallinas.

Por supuesto, según el artículo 32.1 de la Ley 14/2007, el complejo en el que me encuentro acredita certificación de innecesariedad de prospección arqueológica. No atenta contra el patrimonio histórico de estas lomas milenarias. Lo dice un certificado. Uno más.

"¡Nos estamos volviendo locos!", exclama Ramón Iglesias, ingeniero que en su juventud militó en el marxista-leninista PTE, visitó en calidad de inquilino cuatro veces las cárceles franquistas y celebró una democracia que arrancó con 50.000 páginas en el Boletín Oficial del Estado; ahora tiene 800.000. La democracia nos liberó de la autocracia y trajo una cascada de leyes, decretos y reglamentos que se traducen en el triunfo de la burocracia. La bodeguita de Ramón, que se lo toma con humor, es un caso práctico.

Todo empezó en 2008, cuando Ramón heredó 17 hectáreas en la finca llamada Sancha Pérez. "Tuve claro que no me iba a poner a plantar cereal para extender la mano y cobrar la ayudita de la PAC. Quería otra cosa". Otra cosa sería rescatar cultivos de antaño, plantar viñedos con variedades de petit verdot y tintilla, olivos de variedad arbequina, cientos de árboles frutales y miles de plantas aromáticas. Tendría siete gallinas (y un gallo, y dos gansos), construiría una bodega al estilo de las de Ribera, de esas que se integran en el paisaje, la gente podría venir a pasar el día, a recoger los huevos, a echar una mano en la vendimia, a disfrutar del paisaje, a comprar vinos y aceites de producción limitada o, incluso, los dueños de pequeños olivares cercanos podrían molturar aquí su aceituna y llevarse su aceite.

Hoy, miles de papeles después, este proyecto, Sancha Pérez, es una realidad. Ramón Iglesias ha realizado una inversión de cerca de 500.000 euros y espera crear media docena de empleos: "Pensé en hacer algo por los demás". Tiene dinero y lo invierte en generar felicidad, en generar un día de campo, un buen vino, aromas, naranjas... cosas sencillas. Pero en el medio millón de euros no está incluido lo que ha costado en tiempo y dinero el papeleo.

Ramón creó hace más de diez años industrias de transformación agrolimentaria. Recuerda una de espárragos. Pero luego se centró en la construcción de VPO. Al regresar a la transformación agroalimentaria se ha encontrado con que "la legislación se ha multiplicado hasta lo inverosímil. Dos terceras partes del tiempo destinado a este proyecto lo he quemado arreglando papeles".

Ha escrito en 20 folios un desternillante informe de todos los pasos que ha tenido que dar hasta ver culminado el proyecto en el que han intervenido doce departamentos de cinco administraciones distintas. Es un monumento al absurdo que arranca cuando intenta transformar el suelo rústico en un proyecto de actuación de interés público, según el artículo 42 del Título V de la LOUA (Ordenación Urbanística de Andalucía). El artículo 42 es larguísimo. Dice tantas cosas que no dice nada. Pero no se desanima. Busca la cartografía base, que tiene que ser el mapa del ICA (Instituto de Cartografía de Andalucía), se hace con el SIGCAP, que le acredita como agricultor, demuestra que las plantas aromáticas están acogidas al plan de Biodiversidad del CAAE... superar el artículo 42 llevó dos años. La obtención de suministro eléctrico fue otro calvario que se cargó la primera cosecha debido a la compleja interpretación que hubo que hacer de las leyes de gestión ambiental 356/2010 y 7/2007 sobre la longitud de las líneas, si bien luego se aprobó por el decreto 223/2008.

Obtuvo licencia de obras con la aprobación de la GICA (gestión ambiental), pero esto no servía de nada, al supeditarse a la AAU (autorización ambiental unificada), que, entre otras cosas, incluía el estudio acústico mencionado. Tras eso, el registro sanitario de alimentos (sorprendentemente rápido), el registro de industria agroalimentaria y el trámite Libex de establecimiento industrial. El maratón terminó el pasado 12 de enero cuando obtuvo la licencia de apertura concedida por la junta de gobierno del Ayuntamiento de Vejer tras pasar por el visto bueno del Servicio de Asistencia Municipal de la Diputación, que depende de Medina Sidonia. Para ello, presentó de nuevo los mismos certificados que ya había presentado en distintas consejerías y ministerios.

Javier Sánchez Rojas, vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, denuncia que se incumple sistemáticamente la Ley Omnibus, que en su día quiso evitar duplicidad de administraciones. "La ventanilla única es una más. Si antes había que ir a 29 ventanillas para crear un negocio, con la ventanilla única tenemos 30. Si el emprendedor va justito de financiación, el papeleo y la burocracia acaba de quitarte la afición". La indignación empresarial con este laberinto viene recogida con datos en el Informe sobre los frenos burocráticos a la actividad empresarial de Andalucía, que cifra en 3.600 euros los que cada empresa se gasta de media, al año, en burocracia. El informe GEM, que anualmente realiza una encuesta de las percepciones empresariales, valora Andalucía como la sexta región con más dificultades para enfrentarse a las trabas burocráticas.

Paseamos entre los viñedos de Ramón, que reflexiona sonriendo: "Me empeñé en que todo fuera acorde a esta locura, todo legal, pero quién resiste eso. Entiendo que el empresario se desespere y lo haga de aquella manera. Y luego hablan de economía sumergida..."