La Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema aprobó al fin el viernes crear un grupo de trabajo para analizar la incidencia del urbanismo en el ámbito del espacio protegido, así como para elaborar propuestas que garanticen la conservación de los valores naturales, paisajísticos y patrimoniales de este enclave. Se trata de una propuesta demandada por Ecologistas en Acción desde hace años, y que ha obtenido ahora al fin el respaldo de todos los miembros del órgano y de su nuevo presidente, Alfonso Moscoso.

La delegada provincial de Medio Ambiente, Silvia López, ha expresado su satisfacción por la creación de este grupo y ha solicitado a los Ayuntamientos su colaboración a la hora de aportar la información requerida. Por su parte, Ecologistas en Acción también está satisfecho por la aprobación de esta propuesta "superándose el enconado conflicto creado en el seno de la Junta Rectora", y confía en que este trabajo servirá para adoptar medidas eficaces "en defensa de la legalidad y del valioso paisaje urbano de los pueblos blancos".

El equipo creado tiene previsto solicitar a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, información sobre los expedientes tramitados sobre actuaciones urbanísticas en suelo no urbanizable en procedimientos de concesión de licencia urbanística, incluyendo, entre otros aspectos, expedientes sancionadores abiertos. A los Ayuntamientos se les pedirá información sobre expedientes de licencias y sancionadores y de disciplina urbanística tramitados en el ámbito del Parque Natural. Mientras que a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, se le requerirá información sobre la consideración en el planeamiento urbanístico de las prescripciones establecidas en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales en relación con la definición de la tipología tradicional para la arquitectura en suelos urbanos, urbanizables y no urbanizables, tratamiento de los núcleos de población en suelo no urbanizable así como sobre la justificación de las nuevas clasificaciones de suelos urbanizables dentro de los límites del Parque Natural.

Los ecologistas, por su parte, han recordado que en 2005 propusieron que se realizara un informe para conocer la situación urbanística del parque natural y tomar medidas para impedir la especulación urbanística y las actuaciones que estaban degradando la tipología tradicional de los pueblos blancos. "Fue aprobada por la Junta Rectora en octubre de 2006, pero desde entonces tanto el anterior presidente de la Junta Rectora, Antonio Perales, como la anterior y actual delegada han intentado todo tipo de maniobras para impedir la realización de este informe, hecho que llevó a una dura resolución del Defensor del Pueblo que avaló la legalidad de esta iniciativa", afirmaron. El grupo dice que han tenido que pasar dos años desde la resolución para que, "una vez dimitido Perales y nombrado presidente Moscoso, se vuelva a plantear esta propuesta y, por fin, se apruebe".