La defensa de un sistema sanitario público no es un ejercicio insensato sino el convencimiento de que es el único instrumento que tienen los ciudadanos más desfavorecidos de poder optar al derecho que tienen a la Salud. Y esto es así porque existen consecuencias de la privatización sanitaria para el sistema sanitario, para los pacientes y ciudadanos en general y para los profesionales.

En el sistema sanitario supondría el abandono de los valores fundamentales que definen a nuestro sistema y lo colocan como uno de los más eficientes a nivel internacional: universalidad, equidad, gratuidad en el uso, carácter redistributivo, planificado según necesidades y participativo. Incrementaría la irracionalidad y la desigualdad sanitaria. Limitaría la colaboración entre niveles y centros sanitarios, ya que la lógica empresarial de maximizar beneficios hace que los centros privatizados concentren sus esfuerzos en competir seleccionando sus pacientes. Pero además, impediría la planificación sanitaria, necesaria para identificar y solucionar equitativamente los problemas y necesidades de salud. Está demostrado que aumenta el gasto sanitario sin mejorar resultados, margina a la Atención Primaria volviendo al hospitalo-centrismo, potenciando la medicina especializada que utiliza de forma no siempre necesaria los recursos de alta tecnología y alto precio. Finalmente, facilitaría la desaparición de los servicios de salud pública, que son menos interesantes desde el punto de vista comercial a corto plazo.

Para los pacientes y ciudadanos en general, sería un riesgo para la pérdida del derecho a la salud como uno de los pilares del Estado del Bienestar, recogido por la Constitución española, como fruto de años de luchas y presiones sociales. La salud en un modelo privado pasaría a ser una mercancía, lo que conlleva de forma segura el incremento de la desigualdad. El pago por la asistencia, además de marginar a los más pobres, penaliza a quienes tienen más necesidades. Pero no sólo es inequitativo sino que también resulta ineficiente, ya que su recaudación precisaría de unos gastos de gestión que darían un saldo final negativo. Otro efecto inaceptable en un estado de derecho es la selección de pacientes; muchos enfermos serían rechazados por no ser rentables para las empresas sanitarias por ser ancianos, enfermos crónicos, discapacitados, etc. Además, y por no si no fueran suficientes estos argumentos, conllevaría la pérdida del control ciudadano del sistema sanitario, que en la actualidad, aunque complicado, es una opción posible. La introducción del mercado en la sanidad transformaría a enfermos y usuarios en clientes, por lo que los ciudadanos pasarían de ser los dueños del sistema a sujetos pasivos de las empresas sanitarias.

Para los profesionales sanitarios, la privatización se asociaría a estrategias de abaratar costes, lo que tradicionalmente se asocia a reducción de plantillas y a una mayor explotación laboral. El otro gran efecto sería la precariedad laboral, cuestión que está demostrada en la práctica laboral sanitaria entre ambos sectores en el territorio nacional. En España, los facultativos que trabajan en el sector privado tienen una menor estabilidad laboral, trabajan un 10% más de horas que en la pública (1.718 horas anuales frente a 1.533) y perciben unos salarios inferiores en un 20% a los de la pública (su sueldo base medio es de 1.038 euros frente a 1.924 del sector público).

Por todo ello, la ADSP sigue alertando de las tendencias privatizadores que se están intentando consolidar en la sanidad pública. No es un riesgo, es una realidad. La situación de la Comunidad madrileña es la mejor prueba de lo que estamos planteando. Debería existir un Pacto de Estado en Defensa de la Sanidad Pública con estos planteamientos. Todos estos temas se van a debatir en la IX jornada sobre Desigualdades Sociales y Salud que se celebrará en Cádiz el próximo día 23 en el antiguo Hospital de Mora.