EN las pasadas elecciones ningún partido político ha sabido dar soluciones tajantes y precisas para que las pensiones del futuro sean una asignatura que transmita tranquilidad y que no sea como hasta ahora, una moneda de cambio para inquietar, deslucir o alterar la conciencia de todos los españoles con respecto al futuro de las mismas. Que es una preocupación nadie lo pone en duda, pues un 95% se encuentra intranquilo cuando hace tres años el porcentaje se situaba en un 80% aproximadamente, lo que pone de manifiesto que ahora aumenta considerablemente esa expresión de calle de que "cualquiera sabe cuándo me jubile qué cobraré de pensión y si la cobraré" . Esta interrogación tiene que ir unida de una tranquilidad que ponga de manifiesto que nuestro Sistema Público de Pensiones tiene que estar dotado de unas herramientas seguras y de unos fondos claros para que su futuro no tan inmediato sea subsanado con pilares firmes.

El Gobierno actual supo separar, acertadamente, las pensiones no contributivas de las contributivas, es decir, que quienes recojan en su ocaso laboral la correspondiente prestación de jubilación o invalidez es porque han cotizado y porque el Sistema ha tenido viabilidad. Nuestra Seguridad Social se financia a través de un sistema de reparto, el cual está nutrido por los ingresos de las cotizaciones a la Seguridad Social de cada año y se destinan a pagar las pensiones de ese mismo ejercicio. Pero, claro, al existir cada vez más pensionistas por cada cotizante y debido a la inversión de la pirámide poblacional, así como a la tasa de paro, el desequilibrio entre gastos e ingresos aumenta notablemente, sin olvidar la longevidad de los españoles que supone retribuir a los mayores más tiempo del existente hace diez años, por lo que las cotizaciones para sufragar el gasto puede terminar en un colapso de suma importancia.

En estos momentos, el gasto de la Seguridad Social en pensiones contributivas superó a finales de mayo los 8.467 millones de euros que da como resultado un incremento del 3,04%, siendo la pensión media de jubilación de 1.041,00.- euros mensuales, es decir, un 2,10% más que hace un año y la pensión media del sistema se situó en 902,31.- euros al mes; un aumento interanual del 1,88%. Es decir, hay que conseguir recuperar o rehacer el Pacto de Toledo para actualizarlo, pues España es ya un país de los más longevos del mundo, por lo que hay que dotarlo de soluciones reales para que a largo plazo se garantice el sistema del bienestar.

Pero esta situación no es nueva y eso lo sabemos todos, salvo los que nos quieran engañar, pues antes de hacer el traspaso al Gobierno actual estaba el déficit público en un 9,3%, es decir, más de 30.000 millones de euros de déficit oculto con 41.877 millones de euros de recursos públicos, sin olvidar que congelaron las pensiones y solo había 70.000 millones de euros en la hucha de las mismas en el Fondo de Reserva y ello produjo un déficit importante en la Seguridad Social, teniendo en cuenta los más de 5.300.000 parados y 3 millones de cotizantes menos a la Seguridad Social. Es decir, un cajón sin fondo y una situación económica en nada parecida a la de hoy. Por ello, como todos estamos preocupados con el actual Sistema de Pensiones, creo que sería conveniente y necesario que un grupo de expertos en materia de Seguridad Social y Economía fuera nombrado por el Gobierno próximo que se forme para que con un pacto de Estado se perpetúe lo que hasta ahora se llama un Sistema Público de Pensiones, pues aunque hay pactos sobre las pensiones en curso y estas no deben ser tocadas, otras como las futuras de orfandad y viudedad que son más bajas y que tienen un carácter asistencial tienen que adaptarse al actual mercado de pensiones, por lo que gracias al existir la hucha hoy podemos pagar estas prestaciones sin que suponga un déficit que tiene un efecto multiplicador muy agresivo.

Las pensiones tienen que tener un debate serio y claro y ello no es nada nuevo, pues España que viene haciendo reformas de pensiones desde 1985 tiene que centrarse en aumentar los ingresos para su sostenimiento, llegando incluso a elevar las bases de cotización y algo que se nos olvida, las pensiones máximas están topadas, lo que supone una erosión en la economía de quienes han cotizado de manera elevada, pero sin embargo, la merma entre su salario y la pensión es sumamente alarmante, porque si no se aumentan los cotizantes y aumenta el empleo difícilmente podamos financiar todo el Sistema Público de Pensiones. Esto quiere decir que las presiones para que las pensiones no suban más del 0,25% van a estar ahí hasta el 2040, salvo que de nuevo se produzca un fenómeno inmigratorio. Por ello, hay que dejar claro que los pensionistas somos todos y que el Sistema que tiene defectos tiene que ser apoyado por todos los partidos de forma unánime sin tirar cada uno para su lado y haciendo evidente que no exista discriminación en los años venideros. Si a este grupo de expertos formado por profesionales del Derecho Laboral y de la Seguridad Social y por Agentes de la Economía y del mundo del trabajo se le faculta para ejercitar medidas contundentes para salir de esta situación todos tenemos que aceptar tanto los pros como los contra que ello conllevaría, pero siempre pensando en el futuro y en la financiación a través del sistema de reparto. Luego, tras una estrategia bien fundamentada y dando a conocer a la población de la importancia y de la dimensión del problema y haciéndoles ver a los trabajadores el importe de su pensión futura seguro que dará estabilidad, pues si quienes se van a jubilar conocen claramente la pensión que les va a quedar dentro de 10 ó 15 años ello dará reposo a quienes trabajan y dará tranquilidad a quienes llevan cotizando toda su vida y a quienes años antes de la jubilación han mermado sus cotizaciones porque al final de su vida laboral la situación económica ha sido regresiva, penalizando así la futura pensión que pudiera quedarle, lo que hace inseguro todo el Sistema Público de Pensiones y, por tanto, una vez más se demuestra que los pensionistas somos todos.