SE acabó el curso, y sentía que lo terminaba con cierto desánimo, pero finalmente lo hago desde el desconcierto total. ¿Por qué? Porque lo normal sería que los alumnos y sus familias acudieran al departamento de Orientación con dudas sobre los estudios que quieren cursar, pero no que se marcharan todavía desorientados, o que sólo unas semanas después descubrieran que ha caducado la información que se les proporcionó. Sin embargo, he tenido que acostumbrarme a expresarme en las entrevistas y en las charlas en términos de provisionalidad. "A día de hoy estos son los bachilleratos; este año así se repite curso; en estas condiciones se obtiene el título de momento…".

En 2015, algunos cursos de la ESO y del Bachillerato se modificarán por la aplicación de la Lomce, pero aunque esta ley está ya aprobada no sabemos cómo la desarrollará la Junta de Andalucía. Y si cambia el partido en el Gobierno en las elecciones generales previstas para finales de ese mismo año la oposición se ha comprometido a derogar la citada Lomce (la famosa ley del ministro Wert) y a fabricar otra nueva ley educativa.

Una chica me pregunta: "Cursando un ciclo de grado medio, ¿cómo podré acceder después a un ciclo de grado superior?". "Mediante un examen de acceso o quizá sólo cursando algunas asignaturas. Depende". "¿Depende de qué?". "De quien gane las próximas elecciones". Alumnos y alumnas con más de 16 años que se dieron de baja en febrero porque no querían continuar en la ESO sino solicitar un programa de Cualificación Profesional se encontraron tres meses después con que éstos se habían reconvertido en programas de Formación Profesional Básica, habían cambiado los requisitos de acceso y ahora era necesario estar matriculado en Secundaria para que les reservaran una plaza. Además, estos programas no los publicó el Ministerio hasta marzo, a pesar de imponer su aplicación para el curso siguiente. Y en Andalucía no hemos tenido la información para orientar a los alumnos sobre ellos hasta final de curso, aunque los interesados la pedían con insistencia.

Pero lo que termina de desconcertarme es que a 2 de julio ha llegado la orden de cambiar los itinerarios de 4º curso. La última semana de clases les informé de las salidas de esos itinerarios (de ciencias, de letras…) hacia los estudios posteriores, y los alumnos de 15 años me preguntaban preocupados sobre ellos, porque era la primera vez que tenían que decidir su camino. Pero lo que entonces les expliqué ahora es papel mojado, las asignaturas son otras y se ha tenido que llamar a los alumnos que ya se habían matriculado para rematricularlos.

Si fuera la primera ocasión en que esto ocurre… pero no. Como un terrible déjà vu esta experiencia se repite una y otra vez, de la Logse a la Ley de Calidad, a la LOE, a la Lomce… Cada vez que cambia el partido en el gobierno se trastorna todo el sistema educativo, y a veces también dentro de una misma legislatura.

Ahora está de moda hablar sobre la importancia de la transparencia en política, de responsabilidad institucional… Pero muchos orientadores sentimos que se usa el sistema educativo como campo de batalla entre partidos. Por supuesto que es perfectamente lícito -y más aún, necesario- que se utilice el margen de concreción que tienen las autonomías para orientar una normativa estatal en línea con sus principios. Por ejemplo, la Junta de Andalucía ha reducido a 20 alumnos por clase la ratio de los nuevos programas de Formación Profesional Básica, que Madrid había fijado en 30, aun sabiendo que se trata de un alumnado especialmente difícil. El problema es cuando cada gobierno intenta poner zancadillas a las leyes del partido contrario. O cuando se funciona desde una aparente improvisación, con cambios de última hora. Sin que nadie parezca pararse a pensar que nuestros niños son los que sufren las consecuencias de tanto vaivén.

Necesitamos un pacto por la educación. Urgentemente. Porque tanta confusión a los profesores los desmotiva y ningún sistema educativo puede permitírselo. Porque al alumnado y sus familias los trastorna. Porque los informes de la Unesco así lo afirman: que todos los países con mejores resultados tienen una política educativa con continuidad a largo plazo. ¡Y ésta es una medida sin ningún coste económico!

Ojalá nuestros gobernantes sean capaces de entender nuestro desasosiego y se esfuercen por aprobar con antelación suficiente cada normativa. Y ojalá en la próxima ley se reforme sólo lo que se demuestre que no funciona bien. Con más visión de futuro. Con menos desorientación.