El fraude en la escolarización está proporcionando trabajo a profesionales que se ganan el sueldo en agencias de detectives y en bufetes de abogados. En la capital gaditana, la alta demanda de plazas de ingreso en los centros docentes concertados se ha convertido en los últimos años en toda una competición entre padres, pero no todos juegan limpio y muchos de los que sí lo hacen están dispuestos a demostrarlo aunque se tengan que dejar en ello parte de su sueldo.

El caso más habitual de engaño por parte de progenitores en el proceso de escolarización es falsear el certificado de empadronamiento. Este año, concretamente en el mes de marzo se produjeron en la oficina del padrón de la ciudad más de 500 cambios de domicilio, cuando la media mensual habitual no supera los 200, según indicaron desde el propio Ayuntamiento. Y es que vivir en las inmediaciones del colegio reclamado supone conseguir directamente 10 puntos.

Otro caso que va en aumento es el de las separaciones ficticias. Algunos padres recurren a este método para obtener más puntos, ya que se les otorga dos a las familias monoparentales, al igual que a las numerosas.

Y también se dan casos de falsas enfermedades que se 'venden' como ciertas camufladas en certificados médicos. Por discapacidad en el alumno se otorgan dos puntos, en la madre o en el padre un punto, y en algunos de los hermanos 0,5.

De todo esto está bien informado Tomás Toledo, director de la agencia Gades Detectives Privados, cuya clientela aumenta desde hace unos años una vez iniciado el proceso de escolarización. La mayoría de los padres que recurre a los servicios de esta empresa es para que se abra una investigación sobre la autenticidad del domicilio que otros progenitores han señalado como familiar en la solicitud de admisión de sus hijos.

Quieren que los profesionales que asumen el caso demuestren con pruebas fehacientes si la vivienda señalada como familiar de un menor es o no su domicilio habitual. Pero los informes que elabora la agencia Gades no se limitan a ese dato. "Nuestra investigación es mucho más exhaustiva, porque no sólo nos centramos en el domicilio, sino que buscamos todas aquellas pruebas que puedan ser determinantes y concluyentes". Y lo explica: "Primero hacemos un trabajo de laboratorio, que consiste en comprobar si los padres están censados en el domicilio que aseguran. Pero también nos informamos del lugar de trabajo de los padres, de dónde tienen el vehículo matriculado... Son muchas cosas y en el informe aportamos datos de toda la familia completa".

Este servicio prácticamente nuevo lo viene desarrollando el personal de esta agencia ubicada en la calle Brunete y fundada en 1971 desde hace tres años, y no sólo recurren a ellas padres de Cádiz capital, sino de otras localidades de la provincia. Señala Toledo que generalmente contrata los servicios de la agencia un grupo de padres; sólo una vez atendió a un único progenitor. Y otro dato que aporta es que suelen presentar del orden de cinco o seis nombres de alumnos que sospechan que no viven donde indican sus impresos de admisión de plaza escolar.

Los informes son entregados a sus solicitantes en un plazo de entre una semana y diez días después de ser requeridos y, posteriormente, éstos son remitidos a la Delegación Provincial de Educación. La Administración tiene la obligación de entregárselos a la Policía Local con el fin de que sean contrastados. Y en algunos casos esos informes se han utilizado en presentaciones de demandas.

"Han sido varios los casos atendidos en los últimos años, pero por la discreción que caracteriza a nuestra profesión preferimos no dar una cifra". Sí, en cambio, aporta el fundador de Gades Detectives Privados un porcentaje muy significativo: el 75% de la relación de alumnos aportada para ser investigada viene a dar positivo, es decir, no corresponde el domicilio real con el señalado.

Y a este dato añade otro que también se debe tener en cuenta: "La investigación suele dar sus frutos y el 80% de los casos que abordamos finaliza con la matriculación del niño en el colegio deseado por sus padres. No es que tengamos una varita mágica para que los pequeños entren en esos centros, pero puedo afirmar que así ha ocurrido. No garantizamos de antemano que vayan a entrar en el colegio demandado, hay que esperar a la elaboración del informe, y cuando en éste se demuestra que hay padres que han falseado datos la investigación suele dar sus frutos. Yo animo a los padres que dudan de la autenticidad de un certificado de empadronamiento a que soliciten los servicios de un detective para su tranquilidad, bien sea con carácter positivo o negativo".

No concreta el desembolso que supone contratarle para tal misión, sólo dice que no considera que el precio sea elevado. "Ningún padre se ha echado para atrás al conocerlo. Tienen muy claro que quieren conseguir el objetivo marcado", añade.

Las distintas investigaciones que ha desarrollado la empresa Gades siempre ha girado en torno a colegios privados o concertados, nunca públicos.

Y como colofón a sus declaraciones, expone que en una ocasión indagó sobre cinco familias que, según el certificado de empadronamiento presentado por cada una de ellas, residían todas en una misma vivienda muy cercana a un colegio concertado.

Diego Infante Ojeda también conoce varios casos de fraude escolar, basados en su mayoría en domicilios familiares ficticios, aunque también se ha topado con algunas separaciones falsas. Este abogado gaditano consiguió el pasado año que un juez escolarizara, como medida cautelar, a varios niños de tres años en un colegio concertado, cuyo nombre prefiere omitir por respeto a esos padres a los que defendió.

La mayoría de los casos que ha atendido sobre este asunto le ha llegado a través de progenitores que residen en Cádiz capital. Aunque mañana, por ejemplo, está citado con un padre que habita en otra localidad gaditana.

"Los ciudadanos están recurriendo cada vez más a los letrados animados por las informaciones de escolarizaciones ordenadas por jueces que han aparecido en los últimos meses en los medios. Y suelen venir en grupo por cuestión puramente económica. Cada letrado establece sus honorarios, aunque conforme a los criterios orientadores del Colegio de Abogados, atender este caso ronda los 1.000 euros, con las medidas cautelares incluidas", señala.

El profesional critica que los padres que no han cometido irregularidades sean los que tienen que llevar el peso de todo el procedimiento: "Se les exige a ellos que demuestren las irregularidades y son ellos los que se personan en los juzgados. Lo pasan verdaderamente mal, es muy duro para ellos este trámite".

Infante Ojeda informa a las personas que acuden a él en busca de asesoramiento que antes de llevar el caso a los tribunales es necesario agotar la vía administrativa. Si los padres han detectado irregularidades, mejor. Pero lo más importante es que se pueda demostrar ante un tribunal que la no escolarización de un menor en un determinado centro docente puede ocasionar graves perjuicios a ese niño y a su familia. "Justamente, las medidas cautelares se solicitan para impedir que se produzca un daño irreparable en el escolar", comunica.