No son de los que cogen una pancarta a la primera de cambio para protestar. Dicen que han aguantado hasta decir basta a lo largo de los años, pero ya no pueden más. “Sólo nos queda tirar la llave y que otro cierre el campo”, afirman. Calculan aún en pesetas para no despistarse con el precio de los kilos que producen del cereal o el girasol, ‘las pipas’ como se dice normalmente para todo el que pisa a diario el terruño. Pero ni así las cuentas salen. Los costes de producir, los intermediarios, el mercado, terceros países y suma y sigue. Todos se comen lo que tenía que ser sus rentas, lo que tienen que llevar a sus casas para poner la mesa.

Por eso, este martes, Villamartín se convirtió en el epicentro de la rebelión de los tractores, en el punto de las denuncias, de la encrucijada en la que se encuentran más de 11.000 explotaciones del campo gaditano, que no saben por dónde tirar ante unos precios de ruina para el agricultor, que nada tiene que ver con lo que paga en el supermercado el consumidor final, con incrementos de hasta el 600%, en algunos casos.

Cientos de agricultores y ganaderos de la provincia se movilizaron en este pueblo de la Sierra, sacando a la carretera A-384 los tractores y protagonizando un corte de la misma durante varias horas, para pedir a las administraciones que regulen la cadena alimentaria para que ellos no sean los grandes perdedores, con unos costes de producción disparados y unos precios por los suelos. Fue histórica esta movilización multitudinaria ya que se unieron bajo una misma voz todas las organizaciones agrarias de la provincia: ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Cádiz.

“Llevamos ya 30 años con el mismo precio del cereal y girasol, los dos productos de esta comarca de la Sierra. El precio del trigo está a 180 euros la tonelada y es una vergüenza porque los costes de producción se disparan. La pipa se vendía hace 25 años a 25 pesetas más que actualmente en el mercado. El agricultor no aguanta más vender a pérdida estos productos, y sobre todo, con los costes que hay. Queremos que la administración haga algo”, defendía el presidente de la Cooperativa del Campo de Villamartín, Ramón Holgado Retes, antes del inicio del paro agrario.La de este martes fue la segunda de las movilizaciones agrarias fijadas. Si el viernes el olivar de montaña de la Sierra se echaba a la calle con sus tractores, ahora se sumaron agricultores del secano, de los regadíos, apicultores, productores de horticultura, de los viñedos y ganaderos, además del sector del aceite. Abanderaron la cabeza de la manifestación responsables de las distintas organizaciones agrarias, que estuvieron respaldados por representantes políticos.

La protesta congregó a casi un centenar y medio de tractores, que ocuparon la carretera Arcos-Antequera, en dirección al polígono industrial El Chaparral, a cuatro kilómetros de Villamartín. Durante este periodo, quedó cortada la circulación en ambos sentidos, sin que se registrara ninguna incidencia. “Es que no nos queda otra que salir a la calle para que se enteren”, decía Miguel, un joven agricultor de Villamartín, que ha heredado el oficio de sus mayores y sabe cómo ha cambiado el campo. “No es de recibo que las pipas se vendan hoy más baratas que hace tres décadas cuando todo ha subido”, añade. Como él otros agricultores se ven estrangulados por los costes: gasoil, salarios, seguros, semillas, fertilizantes, agua, luz… Un suma y sigue que da vértigo, dicen.

"La renta agraria ha caído un 8,6% este año. Esperamos que la PAC se negocie a cara de perro”

Pedro Gallardo, el presidente de Asaja Cádiz, hace una comparativa clara de por dónde van los tiros en el campo. “En tiempos de mi abuelo se llevaba un kilo de trigo al molino y te daban un kilo de pan. A día de hoy, por 10 kilos de trigo te darían un kilo de pan. El trigo se paga, en el mejor de los casos, a 220 euros la tonelada. Es decir, a menos de 40 pesetas el kilo cuando un kilo de pan vale más de 400 pesetas. Por tanto, aquí alguien se está llevando el dinero”, concluía durante la protesta agraria.Todas las asociaciones convocadas exigieron, en común, transparencia en la ley de la cadena alimentaria, para saber a quién está beneficiando más esta guerra de precios a la baja, que no repercute al final en el consumidor. “Un decreto para no vender a pérdidas. Estamos de acuerdo en que se suba el salario mínimo, pero no este año cuando la renta agraria ha caído un 8,6% debido a la climatología y los bajos precios”, aseveró Gallardo. Los agricultores y ganaderos defendieron las ayudas comunitarias para poder tirar adelante y pidieron que en la próxima PAC “se negocie a cara de perro” para no perder ni un céntimo ante la competencia de otros sectores.

Durante la movilización se reivindicó también el papel del campo para fijar población y mantener el medio natural en los pueblos. Francisco Moreno, secretario de organización de UPA Andalucía: “La solución tiene que venir de políticas que corrijan las deficiencias de la ley de la cadena alimentaria, que ponga pie en pared en estos abusos, que la gente que más arriesga y más trabaja, menos gana. Es imposible que se incorporen jóvenes cuando los números no salen. Es imposible que la gente siga viviendo en los pueblos, cuando los agricultores no tienen rentas”. Hay un dato gráfico que los congregados revelaron. Por ejemplo, en el marco de Jerez, se han pasado en pocos años de 20.000 hectáreas de viñedos a 6.000. “Los últimos cinco años con cero incorporaciones de jóvenes agricultores”, anota Pedro Gallardo, de Asaja.

Hay que poner pie en pared contra estos abusos. La gente que más arriesga menos gana”

“Cuando no haya explotaciones y los motores estén oxidados a ver quién pone en marcha esto”. Fue el lamento que expresó, en la protesta, el presidente de la Cooperativa hortofrutícola Las Virtudes, de Conil, Bartolo Ramírez Sánchez. Por eso pidió al Gobierno medidas para paliar la difícil situación, con bajadas de la presión fiscal y bonificaciones en las contrataciones.

Muchos representantes políticos acudieron también a la llamada de los agricultores. El delegado de Agricultura de la Junta de Andalucía, Daniel Sánchez, criticó la actitud del Gobierno de la nación “que sigue subiendo los costes salariales, que han ido de 900 a unos 1.300 euros. Eso con unos precios a la baja del producto hacen inviable el campo para muchos pequeños agricultores. Algunos tratan de confundir que es un problema de terratenientes y de la derechona, pero son pequeñas explotaciones con costes salariales tremendos”. Ante ello, pidió lealtad institucional ante la negociación que se avecina de la PAC.

La presidenta de la Diputación, Irene García, estuvo presente en la marcha y dijo que la unidad que están confirmando las organizaciones agrarias debe ir pareja con una alianza de todas las instituciones públicas. Valoró la “sensibilidad demostrada por el Gobierno de España”, al abrir una mesa negociadora “desde un diálogo sincero”, y echó de menos “una mayor implicación de la Junta de Andalucía en unas circunstancias que obligan a la unidad de todas las instituciones públicas más allá de colores políticos”. Desde las filas de IU, Fernando Macías concluyó que hay posibilidad de intervención en los precios, hay posibilidad de diversificación en el campo andaluz. “Tenemos que reclamar que las políticas miren al campo, empezando por los jornaleros”, aseveró.