En plena vorágine electoral y con la mirada fija ya en las municipales de 2019, el debate de las ordenanzas fiscales –ahora en exposición pública– se ha convertido de nuevo en un arma arrojadiza entre PSOEy PP, que en los últimos días han vuelto a enfrentarse a cuenta del impuesto que más duele al bolsillo de los ciudadanos, el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles). Un tema especialmente sensible para la mayoría –de eso no hay duda– que sin embargo se debate con términos económicos a los que muchos son ajenos.

La propuesta del gobierno municipal pasa por una congelación del IBI en 2019, algo completamente previsible en un año electoral. Para ello se compensará la subida de los valores catastrales con una nueva rebaja del tipo impositivo del 3%. No es nada nuevo, la fórmula se ha aplicado ya en anteriores ejercicios y bajo gobiernos de todas las siglas. Hay que reconocer, no obstante, que el IBI no se ha tocado en todo el mandato. El gobierno en minoría que comparten socialistas y andalucistas desde 2015 se ha guardado mucho de intentar una subida para la que, por otro lado, difícilmente hubiesen encontrado apoyos en el pleno además de desencadenar un amplio rechazo social.

El gobierno en minoría se ha cuidado mucho de intentar una subida que difícilmente hubiese contado con apoyos en el pleno

Así que el PP, a siete meses de las elecciones municipales, se ha replanteado su estrategia. Y si a principios de mandato denunciaba que el gobierno quería a toda costa subir el IBI ahora ha empezado a reclamar directamente una bajada de este impuesto, que es el que mayor incidencia tiene para la gran mayoría de ciudadanos y, por ende, el que mayores ingresos reporta a las arcas municipales. Su mensaje es sencillo, para que cale: si hay superávit presupuestario de 7,5 millones de euros y remanente de Tesorería de más de 8 millones –son datos de la liquidación del pasado ejercicio– el Ayuntamiento tiene dinero de sobra. Tanto que no sabe que hacer con él, así que no hay razones para no bajar los impuestos.

La verdad sobre las ordenanzas fiscales de 2019 y propuestas es el título bajo el que esta semana el PP ha organizado también un encuentro cívico que se ha desarrollado en su sede, un foro en el que el responable de los temas económicos del partido y anterior delegado de Hacienda en el Ayuntamiento, Manuel Raposo, ahondó en esta propuesta de bajar el IBI. Al día siguiente, el partido confirmó que insistiría en la cuestión a través de las alegaciones a las ordenanzas fiscales, que ahora esán en su fase de exposición pública.

Hay que decir que en La Isla nunca se ha aplicado una bajada generalizada del IBI. Ningún gobierno –de ningún color– lo ha hecho. Tampoco el del PP. Se ha optado siempre en el mejor de los casos por la congelación, como ahora, o por la aplicación de paquetes de bonificaciones para determinados colectivos.

Y los superávits millonarios no son exclusivos de los socialistas. El año 2013, por ejemplo, se cerró con 4,5 millones de euros; 2014, con 4,8 millones; y 2015, con 7,3 millones, una cifra muy parecida a del último ejercicio. Además, lejos de ser un buen dato económico los superávits inciden en una realidad no demasiado favorable: se trata, en definitiva, de dinero presupuestado que el Ayuntamiento no ha sido capaz de gastarse en la ciudad o no ha tenido tiempo de hacerlo.

Aunque la campaña del PP no ha quedado sin su réplica. El PSOE ha difundido a través de las redes sociales a lo largo de los últimos días una vistosa gráfica comparativa de la evolución del IBI a lo largo de los últimos años para recordar que con Loaiza de alcalde se subió este impuesto en 2012 –un 8%– y en 2014, un 2%. "Cavada congela el IBI, Loaiza lo subió un 10%", recuerdan con la intención de atajar las críticas de su rival y de desmontar su estrategia en torno al IBI.