USTEA denuncia que la Delegación Territorial de Educación muestra "nula voluntad" por reparar el "daño causado" al ex director del IES Las Salinas de San Fernando. En junio de 2017 una inspectora de Educación, recuerda el sindicato, evaluó negativamente al director del IES Las Salinas de San Fernando, José Alberto Gutiérrez Fernández, "sin objetividad ni motivación argumentada", apartándolo "injustamente" de la dirección.

Son hechos probados por la Justicia 6 años después: en la sentencia 87/2019 del Contencioso Administrativo de Cádiz y en la sentencia 631/2023 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. "El informe emitido por la inspectora de Educación era tendencioso, parcial y sin motivación para el suspenso, dictado en sentencia firme", señala.

USTEA apunta a que la administración debería haber actuado desde que la sentencia es firme. "Debió haber tenido tiempo para ponerse en contacto con el afectado y pedirle disculpas en primer lugar, ya que es funcionario público; y en segundo lugar, hacer un informe objetivo sobre su desempeño en la función directiva, a efectos que su honorabilidad y profesionalidad quede fuera de estar en entredicho", añade.

El sindicato exige que la delegada territorial de Educación, Isabel Paredes, solicite las responsabilidades disciplinarias a la inspectora de Educación que realizó ese informe negativo que ha sido desestimado por los jueces, al haber truncado la trayectoria profesional de este funcionario.

Además, defiende que la delegada debe garantizar que se depuren las responsabilidades patrimoniales "por los efectos perniciosos, no solo económicos, sino morales, personales y de proyección profesional que este funcionario ha tenido todo este tiempo". Sin embargo, lamenta, "dos meses después que la sentencia haya sido declarada firme sigue sin hacer nada". De hecho, asegur que secretaria general técnica los convocó a una reunión, pero 48 horas antes la anuló "argumentando que el asunto era complicado y que tenían que estudiarlo demorando el tiempo y obligando a este funcionario a interponer una demanda ejecutiva ante los tribunales para que se cumpla la sentencia".

Desde USTEA esperan que Delegación de Desarrollo Educativo de Cádiz asuma sus obligaciones desde hoy, "de lo contrario nos veríamos obligados a realizar comunicados visibilizando la injusticia que ha supuesto este proceso mediante la publicación de las partes de la sentencia del TSJA que son contundentes y determinantes, basadas en valoraciones de los propios jueces como la animadversión que la inspectora tenía hacia el funcionario o la intención previa de que el resultado fuese desfavorable".