La Justicia ha fallado a favor de José Alberto Gutiérrez Fernández, ex director del instituto Las Salinas, al considerar el informe de la Inspección en que se basó su cese "no parte de datos objetivos y carece de motivación suficiente". Muy al contrario, apunta a una "animadversión frente al recurrente". La sentencia insta ahora a Inspección a que emita un nuevo informe "debidamente motivado".

El sindicato Ustea se hace eco del fallo de los tribunales, a los que acudió el afectado tras un proceso previo de reclamaciones en la Administración. Director de Las Salinas desde 2009 (previamente lo había sido en Chiclana), las evaluaciones de desempeño son "altamente positivas", según el sindicato. El problema surge con la evaluación del siguiente mandato, de 2013 a 2017.

A pesar de que tanto el Consejo Escolar como la Comisión Provincial, de la que forma parte el jefe de Inspección, emiten informes favorables, la evaluación vinculante de la inspectora de referencia, que no le otorga la puntuación suficiente, hace que no tenga derecho ni a la consolidación económica ni a la prórroga de cuatro años en la función directiva que José Alberto Gutiérrez había solicitado un año antes.

"José Alberto Gutiérrez Fernández es un profesional muy estimado en el instituto Las Salinas, tanto por su labor docente como directiva. La AMPA y en general la comunidad educativa de este centro, que alberga a más de 1.300 alumnos, reaccionan ante la noticia con un posicionamiento público a favor de su entonces director, y reclaman a la Inspección una nueva evaluación que tenga en cuenta su opinión", recuerda Ustea.

La falta de reacción de la Delegación Territorial de Educación lleva al ex director de Las Salinas a un "periplo administrativo": una reclamación en junio de 2017, desestimada; un recurso de alzada en julio de ese año, sin respuesta): y, tras acceder en septiembre a su expediente, una ampliación del recurso de alzada en octubre, que acaba en silencio administrativo.

En octubre de 2018 José Alberto Gutiérrez Fernández presenta un recurso contencioso-administrativo, cuya vista se celebra en febrero de 2019, con la testimonio de la inspectora. Poco después llega la sentencia que da la razón al recurrente "de forma contundente", a juicio del sindicato que hace hincapié en que el fallo habla de datos en el informe de Inspección "incompletos, repetitivos, con la intención previa de que el resultado sea desfavorable". El fallo anula la actuación administrativa "por ser contraria a derecho", y pide la emisión de un nuevo informe.