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San Fernando

El PP de San Fernando insiste en el cese de Márquez por la polémica con su vivienda

  • La formación esgrime las fechas de la orden de ejecución, firmada por Desarrollo Urbano, y del acuerdo de compraventa unos días después de que esta se confirmara

Carmen Roa, en la sede del PP.

Carmen Roa, en la sede del PP. / PP San Fernando

"Claudia Márquez no es un ciudadano más, no tiene las mismas obligaciones que un ciudadano más. Somos concejales, y en ese momento ella era delegada de Urbanismo, responsable del área que dicta la orden de ejecución de la finca. Pedimos responsabilidades políticas, de las jurídicas se encargará un juez. No tenemos nada contra la persona, pero Cavada no tiene otra que cesar a la concejala".

La concejala del Partido Popular (PP) de San Fernando Carmen Roa insiste en las reclamaciones de su formación de exigir el cese de Márquez por la gestión de las obras en su vivienda y la ejecución de estas. En este ocasión esgrime las fechas del acuerdo de compraventa con la anterior propiedad y del proceso de emisión de la orden de ejecución por el mal estado del inmueble. La ex responsable de Urbanismo ya defendió que no podía negarse a firmar el documento al no ser todavía la propietaria.

"Es una información de fuentes oficiales. Hay cifras y fechas que no tienen ningún desperdicio", apunta Roa que hace una cronología de los hechos para incidir en las críticas a Márquez. Todo empieza, recuerda, con el parte de un policía local que observa el mal estado de la finca en cuestión. "Cuando un policía va por la calle y ve una situación así debe emitir un parte y remitirlo al Ayuntamiento", comenta. Ahí se inicia el protocolo de Urbanismo que implica la necesidad de dos informes, uno jurídico y otro técnico.

Tras su denuncia el 24 de mayo de 2017, prosigue el relato la edil popular, se emite el informe del arquitecto municipal en el que señala que debe estimarse una orden de ejecución de la finca. "¿Esto qué es? Un acto administrativo que apunta al estado ruinoso y lo comunica al propietario al que se le dice qué tiene que hacer y se señala que no se le cobrará nada", explica. En este caso se reclama la sustitución de forjados y el arreglo de parámetros verticales.

Un día después, el 25 de mayo, el jurídico municipal emite informe en el que propone la orden de ejecución a la fundación del Obispado de Cádiz, propietaria de la finca. Ahora, puntualiza la formación, "el PP ya conoce que el 29 de mayo de 2017, unos días después, se firma el contrato de compraventa entre el Obispado, la Fundación, y la nueva propiedad, la concejala entonces de Urbanismo. Es un contrato de arras, matiza Roa, lo que significa que es un acuerdo previo de compromiso de la operación en la que se determinan condiciones y se aporta una cantidad inicial. Esa señal, de 6.000 euros, se abona un día después, según los datos que da Roa. 

"El 5 de junio de 2017, seis después, Desarrollo Urbano, que preside Claudia Márquez, dicta la orden de ejecución sobre la finca. El 13 de junio se notifica a la fundación el decreto con un plazo de ejecución y un plazo de alegaciones. El 20 de junio la fundación presenta esas alegaciones, en las que argumenta que son una entidad sin ánimo de lucro, que la finca está protegida por el Peprich [Plan Especial de Protección] y por tanto la intervención sería muy costosa. Ahí señala que lo más apropiado es vender la finca y pide 5 meses de prórroga para la operación, y para que el nuevo titular que ya conoce la orden de ejecución pueda presentar la documentación pertinente", expone la dirigente del PP. 

En este sentido, desde las filas populares se incide en que el área que gestionaba Márquez entonces firma la orden de ejecución, pero además que en las alegaciones de la fundación del Obispado gaditano se habla de un nuevo titular. "Esta es la cronología y los datos sin desperdicio de la historia. Los datos son fuertes, no lo decimos nosotros, lo dicen organismos oficiales. No es agradable para el PP, pero con esta información es necesario pedir más datos y responsabilidades políticas", abunda Carmen Roa, que deja claro que son respetuosos porque no dan a conocer el dato del coste de la finca, que está "fuera de mercado". A eso suman que consideran que la actuación en la finca va más allá de una orden de ejecución por la que no se paga licencia, "en una rehabilitación, sí".

Entre otras cuestiones, el PP quiere saber "si Cavada está al tanto de todo esto y qué va a hacer. Sospechamos que la alcaldesa lo sabe, Márquez lo sabe, y no le importa". Roa reitera sus críticas por que la concejala se apartara de Desarrollo Urbano mucho después de la orden de ejecución, su actitud por ir contra los técnicos, por que no aporte ninguna licencia de obras. 

Márquez ya defendió en su momento que la orden de ejecución no estaba vinculada a la compra de la finca y que respondía a la rutina diaria de Desarrollo Urbano. Además, advirtió de que en su calidad de delegada y al no ser todavía la propietaria no podía negarse a firmar el documento que los técnicos le ponían sobre la mesa. 

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