Las obras de rehabilitación que la concejala de Desarrollo Urbano, Claudia Márquez, lleva a cabo en un inmueble de su propiedad que adquirió al Obispado y que se ubica en pleno centro de San Fernando han llevado hoy al portavoz del grupo municipal de AxSí, Fran Romero, a pedir "responsabilidades políticas" y a exigir a la alcaldesa, Patricia Cavada, que cese a la edil socialista como responsable del área de Urbanismo para evitar ser "cómplice" de unos hechos que considera "muy graves" y que hacen "mucho daño" al Ayuntamiento isleño como institución. 

La casa de la concejala de Urbanismo llevó ya al PP hace unas semanas a hablar de "indicios de irregularidades", tras lo cual la edil anunció acciones legales contra su portavoz y presidente, José Loaiza, por sus declaraciones. También motivó una moción de Vox en el último pleno, en el que se aprobó por unanimidad la revisión del expediente de las obras.

En este contexto, la concejala en cuestión, Claudia Márquez, se ha puesto también a disposición de la Fiscalía Provincial de Cádiz para aclarar cualquier cuestión relacionada con la adquisición y las posteriores obras de su casa después de que la formación política local Plataforma 3R, que carece de representación en el Ayuntamiento, denunciara también supuestas irregularidades que han propiciado la apertura de diligencias de investigación por parte de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil al objeto de comprobar si verdaderamente se ha incurrido en algún delito, lo que por otra parte no deja de ser el procedimiento habitual en este tipo de casos.

Previamente, dicho partido había presentado también una denuncia en Urbanismo que llevaron a una inspección en la que los técnicos municipales no detectaron ningún incumplimiento urbanístico. 

Las obras -los dos proyectos presentados a Urbanismo, uno de demolición y consolidación del inmueble y otro para la adecuación de la vivienda en sí- cuentan de entrada con el informe favorable de la comisión municipal de patrimonio, que ha dado su visto bueno y ha aprobado la actuación que ahora se está desarrollando.  

Aunque eso no ha evitado las críticas de la oposición, cada vez más intensas, ni que cuestionen la forma en la que la concejala de Desarrollo Urbano se ha conducido en todo este asunto.

Uno de los argumentos clave en los que el edil andalucista, socio de gobierno del PSOE en el anterior mandato, se basa para pedir el cese es la orden de ejecución que Urbanismo dicta sobre la vivienda en 2017 y que firma la propia delegada; que en esa fecha, aunque todavía no había formalizado la compra de la casa, había negociado ya su adquisición. 

Que la actuación en el inmueble parta de una orden de ejecución de Urbanismo, explica, es algo que favorece la posterior intervención en la finca ya que, bajo su amparo, se inicia lo que es la obra de rehabilitación "a pesar de que inicialmente solo se le pedía adecentar y pintar la fachada", además de suponer ciertas ventajas económicas -ha citado Romero- como la exención del ICIO. 

Por ello, insiste, "debería haberse abstenido de dictar cualquier tipo de resolución administrativa en todo este procedimiento al tratarse de una finca en la que tenía claros intereses". 

Por su parte, la concejala de Desarrollo Urbano asegura en este sentido que la orden de ejecución no guarda relación con la compra de la finca sino que se enmarca dentro de la rutina habitual con la que se trabaja en Urbanismo y se debe, única y exclusivamente, al mal estado de conservación en el que se encontraba el inmueble, prácticamente en ruinas, que es lo que motivó que se activara el procedimiento habitual.

Además, advierte, en su calidad de delegada y al no ser todavía la propietaria de la casa no podía negarse a firmar una orden de ejecución que los técnicos le ponen sobre la mesa.  

AxSí, por otro lado, afea a la edil estas negociaciones particulares con el Obispado de Cádiz puesto que se trata de una institución que tiene "intereses urbanísticos legítimos" en San Fernando y con la que el Ayuntamiento, y la propia edil, tienen que sentarse a negociar diferentes cuestiones urbanísticas. 

Otro de los argumentos de Romero se centra de lleno en la intervención acometida en la finca, que según este edil no se ajusta a lo que establece el PEPRICH, el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Histórico, para una vivienda que está especialmente catalogada y protegida: "Está expresamente prohibido acometer ampliaciones verticales y horizontales", pero -sostiene- se ha realizado "nueva obra" en un patio trasero "que ha desaparecido" y en el castillete de la cubierta, "que se ha ampliado".  

Se trata de una cuestión clave. Porque precisamente la delegada de Desarrollo Sostenible echa mano a los planos de la finca de 1994 para explicar que no hay tal patio trasero sino que los techos, en este punto preciso, se habían caído y que lo que está haciendo con la obra no es sino abordar la reconstrucción original de la finca, lo que -insiste- se demuestra también con la reconstrucción de la escalera que conduce hasta la cubierta.

La edil, en su defensa, cita además a una de las normas recogidas en el propio PEPRICH y válida para todos los grados (artículo 6.4, apartado c) que permite ampliaciones "cuya superficie quede limitada al 20% de la superficie construida de la planta inferior y no supere los 15 metros cuadrados", lo que justificaría la ampliación del castillete.  

Márquez asegura que no ha hecho sino seguir todo el proceso que marca Urbanismo para afrontar la rehabilitación de una vivienda del centro que estaba en ruinas y que, incluso, dado su mal estado de conservación podría incluso haberse derribado. Pasos y procedimientos absolutamente normales en este tipo de actuaciones, aduce, se están tergiversando desde la oposición para deformar interesadamente la realidad y hacer ver a la ciudadanía que hay irregularidades, cuando no es así.