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San Fernando

El pleno aprueba a propuesta de Vox la revisión del expediente de las obras de la casa de la concejala de Urbanismo

  • Desde el equipo de gobierno se insiste en su legalidad y se recuerda que el proyecto fue aprobado por la comisión local de patrimonio "con todos los informes favorables" 

Claudia Márquez, a la izquierda, junto al concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, en un momento del pleno.

Claudia Márquez, a la izquierda, junto al concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, en un momento del pleno. / Ayuntamiento San Fernando

El pleno ha aprobado esta tarde por unanimidad la moción de Vox San Fernando presentada para auditar y revisar "técnica y jurídicamente" el expediente tramitado por la concejala de Desarrollo Urbano, Claudia Márquez, para afrontar las obras de una casa de su propiedad que ha adquirido en el centro de la ciudad; una finca que el PP ha señalado recientemente al apuntar a un cúmulo de posibles irregularidades y denunciar que la edil, responsable de Urbanismo en el Ayuntamiento isleño, se habría saltado las normas del Plan de Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Histórico (PEPRICH) al afrontar la rehabilitación del inmueble.  

Durante el debate se ha ausentado la concejala Claudia Márquez dada su implicación directa en el punto. El portavoz de Vox, Carlos Zambrano, ha justificado su propuesta que llevaba a pleno tras la denuncia de los populares al aludir a la necesidad de evitar "una alarma social" en la ciudadanía y un culebrón en torno a presuntas irregularidades en los medios. De ahí que planteara la revisión del expediente como la mejor forma de zanjar el debate y de poner claridad en el asunto. 

La portavoz de Podemos, Ana Rojas, ha anunciado durante su intervención que tiene previsto reunirse con la propia Claudia Márquez para tratar el tema en los próximos días, razón por la que ha evitado pronunciarse sobre las obras en cuestión. 

Sí lo han hecho los portavoces de los grupos municipal de PP y AxSí, José Loaiza y Fran Romero, para insistir en esas supuestas irregularidades cometidas con ampliaciones verticales y horizontales que no se ajustan a lo que establece el catálogo del PEPRICH para este inmueble, que está especialmente protegido. También han cuestionado abiertamente las actuaciones llevadas a cabo al amparo de la orden de ejecución dictada en su día en torno a la vivienda e, incluso, han recordado que los dos arquitectos a los que la edil de Urbanismo recurrió para redactar el proyecto de las obras de su casa recibieron posteriormente contratos menores a propuesta del área de Desarrollo Urbano. 

Loaiza, de hecho, ha propuesto a Vox añadir un segundo punto a la moción para que, ante un posible conflicto de intereses, fuera la Comisión Provincial de Patrimonio de la delegación territorial de Cultura la que se encargara de la revisión de este expediente. La propuesta fue aceptada e incorporada al texto de la moción. 

Por su parte, el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, ha defendido la legalidad de las obras y las actuaciones llevadas a cabo por la delegada de Desarrollo Urbano y ha lamentado las "insinuaciones" lanzadas desde las filas de PP y AxSí a base de "preguntas sin afirmaciones" que no hacen sino "regar una sombra de duda", no solo sobre la edil en cuestión sino también -manifestó- sobre los propios funcionarios del Ayuntamiento y del área de Urbanismo, cuya independencia a la hora de dictar informes -ha advertido- se pone en duda. 

"Se han seguido rigurosamente todos los trámites que están establecidos en el PGOU y el PEPRICH. El proyecto presentado se ha aprobado en la comisión local de patrimonio sin la presencia de Claudia Márquez (al ser parte interesada). Y cuenta con todos los informes favorables. La obra se ha ejecutado además fielmente a lo establecido en el proyecto y eso es algo que se puede comprobar perfectamente tanto en el papel como en la obra física que se está ejecutando", ha afirmado el delegado de Presidencia, que ha insistido en la integridad y autonomía de los técnicos municipales, "que no tienen ningún tipo de influencia". 

Ahora además -ha explicado- con esta revisión "se dará audiencia a las personas interesadas, un técnico municipal emitirá un informe técnico y, a partir de esa inspección, se emitirá un informe jurídico". 

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