La Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico tiene adjudicado desde dos meses el contrato de servicios en materia de seguridad y salud para la "ejecución de las obras de demolición de las ocupaciones ilegales en DMPT (Dominio Público Marítimo Terrestre) en la playa de La Casería de Ossio". 

Dicho contrato, que asciende a 5.923,55 euros, pone una vez más de manifiesto la firme voluntad de Costas en completar el proceso iniciado en el pasado mes de noviembre con los expedientes de recuperación posesoria para eliminar las construcciones que existen en esta franja del litoral isleño: numerosas casetas de pesca, aunque solo unas pocas utilizadas como tales, y dos conocidos negocios de hostelería: la cantina de El Titi-El Bartolo y el Merendero La Corchuela. Este último, no obstante, ha conseguido frenar por el momento el derribo con una medida cautelar aprobada en los juzgados, aunque se trata del único afectado que hasta ahora ha recurrido a la vía legal. El otro negocio -El Bartolo- cuenta también con una concesión de Medio Ambiente que permite el ejercicio de su actividad, si bien ésta ha sido recurrida en los Juzgados por Costas al haberse dado con su informe en contra. 

Pero, sobre todo, la adjudicación de este contrato relativo a la seguridad durante la ejecución de los trabajos de demolición supone en la práctica que Costas tiene todo a punto para acometer los derribos previstos en la playa de La Casería. Por el momento, eso sí, no ha trascendido fecha alguna para estas demoliciones.  

El acuerdo de adjudicación se remonta al pasado 4 de mayo, si bien fue publicado el 26 de ese mismo mes. Prácticamente a la vez, la Demarcación de Costas en Andalucía-Atlántico presentaba al Ayuntamiento isleño el borrador del proyecto de regeneración de la zona -donde contempla la adecuación de un paseo y la regeneración de la playa con aporte de arena- para que hiciera sus propuestas y sugerencias. 

Este contrato vinculado a las demoliciones, que tiene un plazo de ejecución de tres meses, ha sido adjudicado a la empresa gaditana TG4 Consultores AEC SL. 

En paralelo se intenta evitar la demolición de estas construcciones con un expediente para la declaración de interés público, que es lo único que permitiría salvar al pintoresco conjunto. Aunque sin la voluntad expresa de Costas, que tendría que emitir un informe favorable al respecto, la estrategia carece de sentido y queda limitada al debate político.