En 2014 el Consorcio Bahía de Cádiz aprobó una tasa para la gestión de los residuos urbanos –su transporte, tratamiento y transformación– que afectaba a tres municipios: Chiclana, Puerto Real y San Fernando. En 2015, su primer año de aplicación, el gobierno municipal isleño optó por asumirla. "Era año de elecciones municipales y el PP no quiso asumir el coste electoral de hacer pagar a los ciudadanos un nuevo impuesto", expone el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, que defiende la necesidad de esta “tasa finalista” para adaptarse a la normativa europea en materia de protección del medio ambiente.

"Es razonable que haya una tasa directa, porque de esta forma el dinero va para pagar ese servicio y no se dedica a otras cuestiones", apunta el concejal socialista, que explica que en otras localidades se paga dentro de la tasa del agua o de la basura, o se recauda por parte del Ayuntamiento y no por el Servicio de Recaudación Provincial. "En cualquier caso, de una y otra forma la paga el ciudadano", aclara el responsable de Gestión Presupuestaria y Tributaria, para criticar la "demagogia del PP". "Si no fuera con una tasa concreta, sería a través de los impuestos generales, incluso con una subida del IBI", pone de ejemplo de gestiones que se han dado en otros municipios.

La normativa europea, en la que se basa la Ley 22/2011 de 20 de julio sobre Residuos y Suelos Contaminantes, exige el tratamiento y eliminación de los residuos de manera adecuada y establece que debe seguirse el principio de "quien contamina paga", es decir que el productor del producto o del residuo resultante es responsable del coste de esa operación de tratamiento.

Para viviendas la tarifa única es de 38 euros anuales, es decir 3,16 euros mensuales. Más alta si la vivienda tiene jardín

En el caso de San Fernando, recuerda Rodríguez, el propio Plan de Ajuste para el equilibrio financiero del Ayuntamiento recogía que el servicio de tratamiento de residuos urbanos debe costearse con una tasa. "En mayo de 2014 en junta de gobierno local, el concejal de Hacienda entonces, el señor Raposo, hace hincapié en que había que seguir adelante con esta tasa consorcial", apunta y critica que la formación "ahora defienda lo contrario". En 2015, sin embargo, "se optó al ser año electoral por que la pagara el Ayuntamiento", ironiza el edil de Presidencia.

El problema para los años siguientes –2016 y 2017– es que "no se pusieron medios para realizar su cobro, aunque se aprobó la tasa", explica Rodríguez sobre el retraso. Recaudación, por tanto, ha tenido que subsanar las carencias, con una inversión profunda en el sistema informático.

Con la implantación real de esta tasa, que ha levantado la polémica, se pone de relieve otra necesidad: la de revisar la tabla de tarifas, por los saltos que se producen para algunos sectores económicos. Ya hay abierto, de hecho, un expediente de modificación de ordenanza para atender esa y otras cuestiones.

El salto más llamativo está en los servicios profesionales porque quienes operen en un espacio con más de 150 metros cuadrados deben afrontar, según los publicado el 26 de diciembre de 2014 en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), una cuantía de 1.400 euros. Sin embargo, se reduce mucho para las empresas que estén ubicadas en superficies de 149 a 70 metros, concretamente a 120 euros. En el caso de viviendas, la tarifa única es de 38 euros al año, 3,16 euros mensuales. Será mayor para quienes tienen jardín.