Las 73 trabajadoras de cinco escuelas infantiles de Andalucía  –dos de ellas en la provincia de Cádiz-, que desde hace unos días venían protagonizando protestas por su inminente despido se quedarán sin trabajo. Serán despedidas después de que la Junta de Andalucía haya optado por no volver a licitar la concesión con la empresa que gestionaba estos centros, y con las que las mujeres tienen contrato, para empezar a gestionarlas desde lo público.

Virginia Orozco, directora de una de las escuelas gaditanas afectadas, explicó a este periódico que este martes recibieron la información a través del sindicato Comisiones Obreras y que “a día 31 de julio estamos todas en la calle. Algunas de las empleadas tienen más de 45 años y llevan más de 25 trabajando en la escuela de La Atunara (La Línea de la Concepción”.

Una de las propuestas que hicieron las trabajadoras a la Consejería de Educación y Deportes es la de firmar una moratoria de un año, en el contrato que la Junta mantiene con la empresa que gestiona los cinco centro, en algunos casos desde que estas escuelas infantiles abrieron sus puertas. Pero esa posibilidad ha sido descartada, pese a que se ha estado contemplando hasta el último momento, según dijo este miércoles del Consejero de Educación, Javier Imbroda.

Javier Imbroda atiende a las trabajadores afectadas por el despido

El máximo responsable en materia educativa de la Junta de Andalucía atendió a las trabajadoras que se manifestaban al inicio del acto de colocación de la primera piedra del colegio de educación infantil que se construye en Casines (Puerto Real). Imbroda les traslado que esta alternativa se ha mirado por parte del Gobierno de la Junta “hasta el último momento, buscando todas las opciones posibles dentro de la legalidad”. Imbroda recordó que es un servicio de la Junta externalizado a una empresa privada, a la que las trabajadoras pertenecen, y que “ya no podíamos seguir manteniendo por todo lo que ello conlleva”.

Reconoció que trasladó a las 73 empleadas la intención de crear una moratoria de un año para que, a lo largo del curso, se buscasen alternativas y se estudiasen cómo poder incorporar o subrogarlas, pero “no ha sido posible porque los plazos legales no se cumplían. Hemos mirado, por la vía de la urgencia y la emergencia, cómo poder hacerlo, pero de ninguna forma estas empleadas estarían trabajando en sus escuelas el 1 de septiembre”, dijo.

Sobre esto también apuntó que la prioridad es que los casi 600 niños que estudian en esas escuelas estén atendidos al inicio del curso, y será posible con el personal de la bolsa de empleo de Educación. En cualquier caso, también quiso dejar claro que incorporar trabajadoras de una empresa privada a la administración pública, sin pasar por los procedimientos de méritos, capacidad o a igualdad que exige entrar en la administración no es posible. “No pueden entrar en la administración pública por la puerta de atrás, deben hacerlo como todos los funcionarios”, dijo Imbroda para concluir.

El colectivo de trabajadoras pertenece a cinco escuelas infantiles de Almería, Cádiz, Málaga y Sevilla. Son:  'Mediterráneo' de Almería, 'El Faro' de Torrox, 'Andaluna' de Sevilla y las dos escuelas gaditanas donde trabajan mas de una veintena de mujeres, 'Rocío Jurado' de Chipiona y  'La Atunara' de La Línea de la Concepción.