Una cuestión de confianza encubierta

La comparecencia que Pedro Sánchez tendrá el próximo 9 de julio en el Congreso será, finalmente, un pleno monográfico dedicado a los últimos casos de presunta corrupción que han sido desvelados por la Guardia Civil y que afectan de lleno al PSOE y al Gobierno. La Moncloa ha tratado de retrasar lo más posible esta convocatoria y diluirla con un temario más amplio para que el presidente tuviera un margen amplio de defensa, con la discusión de temas de política internacional. La presión de los socios ha hecho que la sesión se vaya a convertir en una especie de cuestión de confianza encubierta. La incógnita más importante que se abre de cara a ese día es constatar qué queda del llamado bloque de la investidura, el heterogéneo conglomerado de intereses políticos con los que Sánchez logró hacerse con la Presidencia a pesar de no haber ganado las elecciones de hace dos años. Podemos se ha descolgado de cualquier signo de apoyo al Ejecutivo y se abre la incógnita de qué harán el resto de los grupos. Lo más probable es que el presidente, aunque recibirá críticas duras, no se verá expresamente desautorizado ni se verá acosado con la exigencia de convocatoria de elecciones, a no ser que en las dos semanas que quedan para la sesión se produzcan nuevas revelaciones que convulsionen el panorama nacional. Pero ello no saldrá gratis. Sánchez se mantiene en el Gobierno gracias a unos socios extractivos que han visto en la actual crisis socialista una nueva oportunidad de poner precio a su apoyo. Y el presidente está dispuesto a admitir esa presión en la confianza de que ello le permitirá capear el temporal. Sin embargo, el deterioro que está sufriendo la calidad del sistema democrático, agravado de forma exponencial en las últimas dos semanas, está elevando la tensión hasta niveles difícilmente soportables.