YA ha pasado la Lomce su primer debate en el Parlamento. Ahora viene su discusión en comisión, sus enmiendas y sus votaciones. Se ha escrito tanto sobre ella que poco queda por decir. Puede variar tanto, desde su propuesta inicial hasta la que finalmente se apruebe, que muchos análisis pueden quedar desfasados por la propia evolución del proyecto en función de las alianzas o negociaciones políticas. Hasta es posible que la situación política y económica general empeore tanto que el Gobierno adelante el fin de la legislatura, convoque elecciones y nos quedemos como al comienzo.

La primera evidencia que nos deja es que ha llegado sola al Parlamento, sin compañía. No hay pacto escolar. Como siempre. Hasta ahora nunca lo ha habido. Nuestros políticos no son capaces de estrenar ese concepto. En los tiempos de la Restauración esto ni se planteaba. El desacuerdo fue total en la Segunda República. Con Franco no les cuento. Y en democracia, tan pronto un partido hacía una ley, el otro anunciaba que se la cargaría en cuanto llegara al poder. A la Lomce ya le han anunciado su derogación. Otras promesas se han incumplido, pero las de ese tipo no. ¿Y por qué? Si se pusieron de acuerdo los dos principales partidos para el cambio constitucional que recogía el límite del déficit, ¿por qué no lo pueden hacer en una ley y por los futuros ciudadanos? ¿El porvenir de España depende menos de los niños que del control del déficit? ¿Tiene España mejores yacimientos de riqueza que ellos y ellas? ¿Tiene otro capital que demande menos prima de riesgo y que posea un potencial de crecimiento tan enorme?

Es una impresión mía, pero parece que la Lomce quiere hacerse la dura con los alumnos. Desde luego, les pone las cosas más difíciles. Si estudiar es en sí una carrera de obstáculos, aquí se añaden nuevos e imprevistos. En Primaria se comete el disparate de eliminar los ciclos, con lo que el alumno va a poder repetir curso desde Primero. Ya con seis o siete años ha de estudiar separadamente las Ciencias de la Naturaleza de las Ciencias Sociales. Eso es rigor y seriedad, para él o para ella, teniendo en cuenta que no saben distinguir un insecto de un microbio porque los dos son muy pequeñitos. Y en 3º una buena reválida, no se vayan a creer que esto de la escuela es Jauja. Dicen que es para la detección temprana de las dificultades. ¡Si ya ha pasado la mitad de la etapa! ¿Qué van a detectar? ¿Si tienen problemas de lectura o de escritura?

Al alumnado de ESO se lo ponen todo más complicado. La Secundaria es el mayor reino europeo de suspensos y repeticiones, por lo que los chicos y chicas que se escapen de la escabechina general van a tener en la nueva reválida otra oportunidad de estrellarse. Esto no es ninguna broma. La idea de que todos pasan alegremente de curso y de que aprueban por la cara es falsa. Pero no porque lo diga yo. Lo dicen las estadísticas. Afirman que la Lomce es la ley que vuelve a consagrar el valor del esfuerzo. A mí me da la sensación de que el legislador confunde el esfuerzo con la tolerancia al fastidio y a la frustración.

Con la reválida de Bachillerato se cargan algo muy importante: el distrito universitario único. Cada alumno, en función de su expediente, podía acceder a cualquier universidad de cualquier punto de España. Al permitir a las universidades que realicen pruebas específicas de acceso al alumnado que ha superado la reválida, se les otorga el poder de anular este derecho. ¿Cómo lo van a hacer los estudiantes cuando las pruebas específicas se pongan el mismo día o casi? ¿Cómo lo van a hacer cuando, aunque sea en días separados, tengan que acudir para realizar el examen a lugares distintos de la geografía española? ¿Qué se gana? ¿No habíamos quedado en que la nueva reválida mejorará la preparación de los alumnos? Pues se actúa como si la empeorara.

Suelo comparar las reválidas con los casos de privatización. Es algo arriesgada la anterior afirmación, pero el modelo formal de ambos procesos es el mismo. Privatizas un servicio cuando se dan cuenta de que por los medios de administración ordinarios no se es capaz de conseguir que funcione óptimamente. Y en lugar de afinar y mejorar la gestión, se la deja a otros, a cambio de dinero, para que sean ellos los que metan en cintura al personal u obtengan el máximo provecho del bien privatizado. Vamos, que los gobernantes se dan por vencidos y tiran la toalla. Con los exámenes externos ocurre lo mismo. Los gobiernos no son capaces de enfrentarse a las medidas (impopulares) que corregirían las disfunciones del sistema escolar. Requieren tiempo, esfuerzo, diálogo. Pues la reválida se convierte en un atajo. De ella se obtienen unos resultados, se publican los datos y a esperar que la presión social y sus derivaciones actúen sobre los centros "malos" y les obliguen a mejorar, sin que para ello los políticos se despeinen o tomen medidas que les puedan producir dolores de cabeza.