LA sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga sobre el caso Malaya, que reduce a la mitad o menos las condenas solicitadas por el fiscal para Juan Antonio Roca, el gran corruptor y urdidor del urbanismo podrido que se creó en Marbella en la etapa de Jesús Gil y sus sucesores, Julián Muñoz y Marisol Yagüe, ha defraudado las expectativas. Es lo que se dice. Pero ¿qué expectativas?, cabe preguntarse.

La expectativas creadas por las acusaciones, amplificadas por un sistema de medios de comunicación más ansioso por el espectáculo que por la búsqueda de la verdad y asumidas sin rechistar, sino todo lo contrario, por una opinión pública indignada por la corrupción y ávida de escarmiento y ejemplaridad indiscriminada.

Esas son las expectativas que han resultado decepcionadas, como no podía ser de otro modo. Hemos creado un ambiente tan torpemente envenenado y frívolo sobre el funcionamiento de los tribunales y los procesos judiciales que un simple atestado lo tomamos como dogma de fe, una mera imputación es considerada una sentencia firme, una toma de declaración pasa por evidencia de culpa, cualquier indicio pasa a ser prueba irrefutable y toda acusación se beneficia de una veracidad no demostrada. Insisto en la autocrítica: nada de esto tendría importancia sin la complicidad, espero que pasiva, del periodismo tal y como hoy se practica.

Pero no es así como funciona -ni es así como debe funcionar- el Estado de Derecho, cuya base a efectos penales es la presunción de inocencia de los individuos. Un tribunal puede, como es el caso, considerar probada la existencia y actividad de una trama corrupta dedicada a saquear las arcas públicas sobornando alcaldes y concejales con el dinero de empresarios favorecidos a cambio de la mordida, pero no puede condenar a ninguna persona si no se demuestra que ha delinquido, y si no se demuestra mediante una instrucción solvente, respetuosa con los derechos de los inculpados y con los procedimientos establecidos, sin detenciones mediáticas ni autos escasamente fundamentados.

En mi modesta opinión, los magistrados de la Audiencia de Málaga han llegado en el caso Malaya hasta donde podían llegar. La sospecha de que entre el 40% de los acusados que han sido absueltos hay algunos, o muchos, que merecían ser condenados, es de libre disposición por cada cual. Los que juzgan, sin embargo, son los jueces.