EVARISTO BABÉ

A propósito del bag in box

Es necesario que la Junta exija el cumplimiento de las normas vigentes

Desde hace unos meses se viene hablando en la zona del Marco de Jerez del "bag in box" y estoy seguro de que son aún muchas las personas que no saben muy bien ni qué es el bag in box ni tampoco cuál es el problema.

El "bag in box" (que literalmente traducido quiere decir "bolsa en caja") es un envase de cartón con el aspecto del tetrabrick -en que se comercializa gran parte de la leche y los zumos- que está empezando a ser utilizado también por algunos vinos baratos de España y de otros países.

El problema -que, en realidad, no deja de ser un asunto interno y una mera tormenta en un vaso de agua si se tienen en cuenta los asuntos verdaderamente importantes del sector- es que un reducido número, muy minoritario pero ruidoso, de diez bodegas de Sanlúcar está utilizando indebidamente estos envases para comercializar unos productos que ni son vino -y por ello ya han sido denunciados- ni pueden utilizar la Denominación Manzanilla. Las normas vigentes para comercializar los vinos de Jerez y la Manzanilla establecen que "los envases que contienen los vinos protegidos para consumo directo, serán de vidrio o de otros materiales que apruebe el Consejo Regulador". Y, comoquiera que el denominado bag in box no es un envase de vidrio ni tampoco está aprobado por el Consejo Regulador, pues resulta que no se puede utilizar para comercializar vinos de Jerez o Manzanilla. Gustará más o menos, pero es lo que está establecido.

Por esta razón, solo cabe hoy por hoy cumplir con lo aprobado en la Orden de la Junta de Andalucía de fecha 30 de noviembre de 2011 -el Pliego de Condiciones de la Denominación de Origen Manzanilla- que establece lo anteriormente entrecomillado. Naturalmente, cabe también promover la modificación de la normativa vigente, pero eso hay que hacerlo de conformidad con el propio procedimiento establecido en la legislación aplicable. Y mientras esto último no se haga, no cabe duda de que las normas en vigor deben ser cumplidas. El que no esté de acuerdo con ellas, es obvio que tiene abierta la puerta de salida de una Denominación de Origen a la que no está obligado a pertenecer pero sí a cumplir con sus requerimientos.

Lo que es evidente que no cabe en un Estado de Derecho es incumplir flagrantemente con las normas establecidas y que la Administración Pública responsable no haga lo debido para defender inmediatamente el cumplimiento de la legalidad. Las Administraciones Públicas tienen la obligación de velar por el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación y, en el ámbito de sus respectivas competencias, comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que fueran necesarias. Dada la importancia de los intereses en presencia, la actuación urgente de la Junta de Andalucía en este caso concreto es fundamental. No es cuestión de mediar entre quienes cumplen la norma y quienes no lo hacen, sino de aplicar y hacer cumplir la ley. Y ello, agradeciendo la buena disposición del Delegado de Agricultura para encontrar una solución dialogada. Pero desde el cumplimiento de las normas en vigor.

Conviene también destacar que las actuaciones fuera de la ley y las desabridas declaraciones a los medios de comunicación que están realizando un reducido grupo de bodegas del Marco está perjudicando muy seriamente al sector y, en particular, a la imagen de las propias Denominaciones de Origen de esta zona. Esto es algo muy serio. Las diez bodegas que hace un par de días han convocado a los medios de comunicación para leer un manifiesto victimista en el que preconizan una especie de "desobediencia civil" -al más puro estilo de las declaraciones de los partidos políticos separatistas catalanes- apenas representan un 4% de los vinos del Marco y poco más de un 20% de la Manzanilla. ¿Dónde quedan los derechos de quienes representan el 96 % de los vinos del sector y el 80 % de la Manzanilla que se comercializa en el mundo y que están además cumpliendo rigurosamente con las normas vigentes? Aquí no caben equidistancias. Un poco de seriedad y de respeto, por favor.

Por otra parte, y como es obvio, estos incumplimientos están perjudicando también a las propias cuentas de resultados de las empresas cumplidoras que, aunque puedan demandar los daños y perjuicios causados por los infractores de la legalidad, no merecen seguir soportando por más tiempo la competencia desleal de quienes no cumplen lo establecido en las normas vigentes. Bastantes impuestos pagan estas empresas cumplidoras -y de las que, por cierto, depende el mayor número de empleos del sector- como para sentirse en estos momentos desamparadas -porque así se sienten- ante los incumplimientos de la legalidad por parte de una minoría, tal y como lleva meses sucediendo.

Es necesario pues que las aguas vuelvan a su cauce cuanto antes, que se serenen quienes llevan meses infringiendo la ley y vuelvan al cumplimento de las normas vigentes. Y es necesario también que la Junta de Andalucía exija el cumplimiento de la normativa aplicable, sancione a quienes la infrinjan e impida que se siga cometiendo este atropello de la legalidad que está dejando por los suelos la seguridad jurídica necesaria para el funcionamiento de la libre empresa y en el desamparo a quienes cumplen las leyes frente a quienes las incumplen y encima se ufanan de ello…

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