No comemos del turismo

Las estimaciones acerca del daño económico que ha provocado el accidente ferroviario de Adamuz van por barrios. En concreto, por dos: el barrio de la obligación laboral, donde mora la mayoría recurrente, y el barrio de la economía transeúnte, el turismo, donde habitan quienes viajan por gusto y sin necesidad a lugares a los que probablemente no volverán, y menos con frecuencia. Por estimar que no quede, y aunque de hecho valorar los impactos de los trenes accidentados y los llamados “trenes de borrascas” es una obligación gubernamental, sus cálculos se basan en hipótesis más o menos fundamentadas y en cálculos con mayor o menor sesgo o intencionalidad presupuestaria que sirvan de palanca para solicitar ayudas.

En 2.000 millones ha cifrado Juanma Moreno los daños al turismo por el corte del tren-tren, no el climatológico que transita movido por corrientes en chorro transoceánicas. Sus peritos calculistas tendrá el presidente. Pero no se trata de una valoración de daños al uso, sino una tan etérea como la aportación de un sector de servicios poliédrico, intangible, multiforme y lleno de intersecciones con otros sectores de actividad como es el turismo. La contribución al PIB territorial del turismo no es en absoluto una fórmula matemática de mediana precisión como pueda serlo el cálculo de sectores primarios o secundarios (agricultura o industria, por ejemplo), de suyo tangibles: hacen cosas. Siendo esta consideración que hacemos común a todo el sector terciario o de servicios, en el caso del turismo suele ir cargado de inflación de parte –parte entregada o interesada–, y a veces de cierta magia. Ves a señores ponerse graves y sentenciosos decir Comemos del turismo es un teatrillo al uso. ¿De qué diantres comeríamos antes?, se pregunta uno.

Claro que algunos comen del turismo. No sólo el territorio y los habitantes del destino redimido (?) por AirBnb y las bermudas, sino los inversores tantas veces foráneos, las franquicias igualmente foráneas y otros agentes económicos y empresariales. En estos cálculos apriorísticos o partidarios, se suele obviar un hecho clave: el gran consumo extra de gastos e inversiones municipales (policía local, por ejemplo), y sobre todo su efecto en el que quizá sea el principal problema económico nacional: el prohibitivo precio de la vivienda para la gran mayoría de individuos y familias.