Dura lex

Los indicios del crecimiento de la derecha en España, en Europa y en América, son ya imposibles de disimular. Se suelen citar dos: el de las encuestas, más técnico, y el empuje juvenil, que desconcierta a quienes daban por abducida para siempre a la chavalería. Pero hay otro síntoma más elocuente: que desde la extrema izquierda reclamen la ilegalización de sus adversarios.

Supone un reconocimiento involuntario de que la tortilla se ha volteado. La izquierda, que presumía de libertaria y hacía sus pintadas primaverales de “prohibido prohibir”, se encuentra tan desbordada que no se le ocurre más que llamar a los jueces y a la policía. La subversión de la subversión: la traición a su supuesto espíritu, expuesta bajo los focos.

Bien iluminada, para que contemplemos hasta qué extremo han perdido el discurso de la calle y la hegemonía cultural. Antaño, la gente de derechas era vergonzosa cuando no vergonzante. En las encuestas, salía menor porcentaje que en las elecciones, porque se callaban el voto. Ahora lo dicen y lo hacen. Caen estrepitosamente tabús y tabiques. Ni la conciencia histórica ni la conciencia de clase ni, mucho menos, la conciencia a secas retienen ya el voto de la izquierda.

La ley es el último refugio. A mis alumnos les explico que, como trabajadores, no confíen en la norma que dificulta el despido. A veces es un baluarte, pero débil. Tienen que aspirar a que el empresario esté tan contento que no desee por nada del mundo echarlos. Igual en el matrimonio: la ley puede retrasar un divorcio exprés –menos da una piedra–, pero poco consuela eso a quien merece ser amado por sí mismo.

Igual con los votos. Qué triste chapuza prohibir en el BOE a un partido que la gente está deseando votar cada vez más. A veces, por criterios morales, no queda más remedio, como ocurrió con Batasuna por su connivencia con el terrorismo, pero el fracaso de la sociedad era la gente dispuesta a votarles. La derrota de la izquierda española, obvia, es mucho menos hiriente. Ya sólo les queda pedir una ilegalización de un partido democrático y tan constitucional que, si quiere hacer una reforma del sistema, propone hacerla por los cauces legales. Pedir la ilegalización del adversario equivale a confesar que ya no se sabe ni vencerlo ni rebatirlo. No es táctica, sino síntoma terminal.