Pública honestidad

LA reciente dimisión de Dívar ha puesto de manifiesto la ceguera que afecta a algunas personas que ejercen responsabilidades en el manejo de dinero público. Dívar, por ejemplo, se va sin que parezca haberse dado cuenta del error cometido. Según ha declarado, Dívar está convencido de no haber hecho nada reprobable y que la petición de dimisión de la mayoría de los vocales del Consejo General del Poder Judicial es fruto de una persecución de su persona. No cree necesario justificar el dinero público del que ha dispuesto, documentando lo que ha sido aplicado al ejercicio de su función y lo que ha ido destinado a sufragar gastos privados. Yo a esto le llamo mal de altura.

Algo parecido le aconteció a Urdangarín. El marido de la Infanta no tuvo bastante con el ascenso social que le proporcionó su matrimonio, sino que, una vez que se le puso en evidencia su conducta no ejemplar, hizo profesión de su honestidad y declaró que comparecía ante el juez para dejar bien alto su honor.

La sociedad española, sin embargo, es cada vez más sensible a estas cosas. Y no perdona ni la mala utilización del dinero público ni que quien ha incurrido en ello se vaya de rositas. De ahí, por ejemplo, que mucha gente pida que se impute, o al menos se la llame a declarar, a la Infanta Cristina. O que se reclame que Dívar devuelva el dinero, ¡poco comparado con su sueldo!, utilizado en gastos privados.

Nadie admite ya que alguien pida y obtenga una subvención de un órgano del que forma parte y luego, además, la destine a fines distintos de los previstos en la petición. Por ejemplo.

Más preocupante aun es que quienes deben exigir comportamientos honestos miren para otro lado. Como el ministro Gallardón, que pretendió apoyar una inverosímil cerrazón a reconocer la verdad.

La sociedad española ha madurado, tal vez a golpe de dolor por la crisis económica. Han quedado atrás los tiempos en que muchos consideraban que quien defraudaba a Hacienda era un tipo listo. O que fuera digno de admiración, por hábil y sagaz, alguien que pidió una ayuda pública para establecer una empresa tecnológica, en un Parque de este carácter, y en vez de cumplir acudiera al muy decimonónico sistema de obtener rentas alquilando el edificio a otra empresa.

Por fortuna, la honestidad pública es ya un paradigma con que los ciudadanos enjuician a quienes manejan y a quienes reciben dinero del contribuyente. Encargar un retrato por 190.000 euros, como el de Cascos; retribuir con cifras millonarias a gestores de bancos no privados o, de este carácter, pero que han recibido ayudas públicas; y cosas así, indignan mucho a una ciudadanía muy cansada de pagar con sus impuestos las decisiones públicas contrarias a la honestidad pública.