Justos por pecadores

EL informe del Defensor del Pueblo Andaluz sobre la ordenación urbana, presentado el pasado 10 de noviembre, considera que los propietarios de viviendas ilegales son quienes deben hacerse cargo de los gastos de regularización de las mismas. Este informe avala las tesis de algunos ayuntamientos, como el de Chiclana, que se enfrenta a un proceso de legalización de 10.500 propiedades que fueron construidas en las últimas décadas al margen del planeamiento. La ordenanza de regularización de viviendas en este municipio ha originado un rechazo frontal por parte de muchos propietarios que no quieren hacerse cargo en su totalidad de los costes que conlleva. Pero la oficina que dirige José Chamizo es muy clara en su informe al señalar que los dueños de casas ilegales no asumieron en su momento las mismas obligaciones que el resto de propietarios y por tanto éstos no tienen ahora por qué contribuir, a través de las arcas municipales vía impuestos, en solucionarles el problema.

El dictamen del Defensor del Pueblo no tiene carácter vinculante pero, sin duda, refuerza los argumentos de aquellos ayuntamientos que están encontrando problemas para convencer a sus vecinos de que son ellos quienes tienen que afrontar el pago de los costes de regularización. En el caso de Chiclana, el municipio más afectado de la provincia porque las obras de urbanización necesarias afectan a 18 millones de metros cuadrados, el informe supone un respaldo a la política del gobierno de José María Román, que tiene a la oposición y a una plataforma vecinal en contra.

Concienciar a la población de que un urbanismo legal es sinónimo de calidad de vida es una de las consecuencias que se pueden extraer de este documento, que llega después de décadas de dejación de las Administraciones Públicas. Ahora, cuando se trata de ordenar lo que antes no se hizo y convencer a quienes tienen que afrontar los costes que entonces no tuvieron, es muy importante que se valoren los casos uno a uno y se tengan en cuenta las condiciones de vida de los afectados (con planes de pago en función de renta, por ejemplo) pero sin olvidar que nunca deben pagar justos por pecadores.