Blanco recapacita

EL fiscal del Tribunal Supremo ha solicitado al juez instructor del llamado caso Campeón que tramite al Congreso el suplicatorio pertinente para que el ex ministro de Fomento José Blanco pueda ser juzgado por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

El suplicatorio es el permiso para levantar la inmunidad que protege a Blanco, como a todos los parlamentarios, ante la acción de la Justicia. Será concedido, sin duda, y el propio ex ministro y ex número dos del PSOE de Zapatero se ha manifestado a favor. El fiscal le acusa de haber intervenido, siendo ministro, para que un alcalde catalán concediera licencia para la nave industrial de un empresario amigo suyo desde la infancia. El imputable sostiene que sólo se interesó por el asunto, sin presionar al alcalde ni cambiar ninguna ley o reglamento para favorecer a su amigo.

A la espera de que el juicio determine si José Blanco prevaricó o no y si utilizó espúreamente su influencia o no, se pueden adelantar dos reflexiones. La primera, que el vicesecretario general socialista está sufriendo en sus carnes enjutas la medicina que se hartó de recetar a otros: fue un auténtico azote de cualquier político del Partido Popular presuntamente corrupto. De Gürtel a Camps, en cuanto salía en la prensa la más nimia información indiciaria de irregularidades en la conducta de un cargo público popular, ya estaba Pepiño Blanco exigiendo su dimisión fulminante e irrevocable. No es nada original, sino la actitud habitual de los partidos, esa doble moral que constituye, en realidad, el mayor problema que tiene la democracia española para combatir la corrupción.

La segunda deriva de la primera. Dice Blanco que en esta temporada en que le ha tocado a él la china ha reflexionado ampliamente sobre la presunción de inocencia que debe amparar a cualquier político acusado, y ha decidido que renunciará al escaño de diputado en cuanto el juez dicte la apertura oral del juicio en su contra. Haría falta en este sentido, sin necesidad de reformar ninguna ley, un pacto político: acordar en qué momento procesal (imputado, a juicio oral, condenado en primera instancia, ratificado...) un político implicado en corruptela debe presentar la dimisión, y cumplirlo en todos los casos, sin excepciones ni leyes del embudo.

Una norma de aplicación universal que implique igualdad de trato y unidad de rasero para amigos y adversarios.