El 35% y lo que no se ve

El Gobierno acaba de anunciar que limitará al 35% la publicidad institucional que puede recibir un medio y, casi al mismo tiempo, entro en el aula con mis alumnos de tercero de Comunicación para explicarles cómo funciona (de verdad) el sistema mediático. No es una metáfora: estoy rehaciendo, otra vez, el programa. Entre el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA) y el Plan de Acción por la Democracia, Europa ha dejado de recomendar y ha empezado a regular. DSA, DMA, AI Act. Somos la región más legisladora del planeta en materia digital y mediática. Y España se mueve, por obligación, dentro de ese tablero.

La idea de fondo es difícil de discutir: reducir la dependencia económica de los medios respecto al poder político. Si un medio sostiene más de un tercio de sus ingresos con dinero institucional, la pregunta sobre su autonomía editorial no es ideológica, es democrática. La transparencia no debilita; fortalece.

Pero la clave no está en el titular, sino en la letra pequeña. ¿Cómo se computan esos ingresos? ¿Con qué métricas auditadas? ¿Qué autoridad supervisa? ¿Habrá criterios objetivos, públicos y verificables en el reparto? La diferencia entre regenerar y controlar suele esconderse ahí, en los detalles técnicos que casi nunca abren informativos.

España ha construido su ecosistema mediático en democracia apoyándose mucho en la autorregulación: códigos deontológicos, comisiones de quejas, cultura profesional. No siempre ha bastado –los episodios de espionaje a periodistas o la erosión provocada por campañas de desinformación lo demuestran–, pero forma parte de nuestra tradición. Regular exige, por tanto, una doble responsabilidad: firmeza institucional y prudencia democrática.

Si creemos en el periodismo profesional como garante de libertades, este debate era inevitable. La independencia no puede depender de la opacidad. Ahora bien, tampoco podemos olvidar que vivimos en un paisaje mediático volátil donde otros actores (influencers sin redacción detrás, plataformas que ordenan la conversación pública, grandes propietarios de la IA) condicionan ya más el flujo informativo que muchos periódicos centenarios. A ellos, ¿quién los regula? ¿Quién les exige transparencia, límites, rendición de cuentas? Porque, sin reglas para todos, no hay libertad que se sostenga. Y quizá el 35% más peligroso es el que no aparece en ningún balance.