Diez mil abogados

Cuando me colegié como abogado ejerciente, el 4 de enero de 2002, uno podía apuntarse a la Mutualidad General de la Abogacía Española o al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. La inmensa mayoría de los jóvenes letrados se apuntaban al primero de los regímenes porque las cuotas mensuales eran menores, estaban bonificadas, las aportaciones que debíamos hacer ofrecían una rentabilidad muy interesante, y porque los abogados más veteranos nos lo recomendaban. Tras realizar una llamada telefónica me remitieron una documentación -que aún debo conservar- por la que se indicaba que en función de lo que se aportara cada mes, cuando me jubilara, obtendría una pensión de entre 1.200 y 1.800 euros al mes, y recomendaban empezar pagando una cantidad inferior y cuando se tuviera éxito profesional, presumiblemente en la segunda mitad de la carrera profesional, se subiera la aportación para obtener la horquilla máxima de la pensión de jubilación.

Pero era mentira. Hace unos años se supo que tras el desplome de un conocido banco nacional, la Mutualidad de la Abogacía había perdido varios millones de euros de las aportaciones de sus socios, que tenían invertidas en productos financieros de riesgo, hecho este que tanto la inmensa mayoría de los abogados mutualistas como yo desconocíamos. A raíz de esto, y tras consultar con mi asesor laboral, decidí pasarme al R.E.T.A., puesto que aún tenía tiempo para obtener la cotización mínima y tener una jubilación como cualquier español que ha trabajado entre 35 y 45 años de su vida.

El problema radicaba en el dinero que tenía ya aportado a la Mutualidad, en mi caso, más de treinta y cuatro mil euros. Nos dijeron que el tránsito de aquel organismo al R.E.T.A. podía hacerse sin problema, pero no a la inversa, por lo que me interesé sobre lo que podía pasar con ese dinero. Mi asesor me advirtió que dependiendo de la regulación laboral y de seguridad social al momento de mi jubilación podría perder todo ese dinero, lo que no era una expectativa halagüeña.

Pero mi caso no es el más grave, puesto que hay miles de abogados veteranos que cuando han solicitado su jubilación -esos hipotéticos 1200/1800 euros al mes que les he dicho antes- se han encontrado con que les han liquidado pensiones de 300 euros, inferiores al mínimo vital y a una pensión no contributiva. Humillante y ridículo. Y todo esto después de pagar un dineral, en muchas ocasiones superior a lo abonado por un autónomo, durante ¿cuarenta, cincuenta? años.

El pasado 3 de febrero se celebraba el Día Internacional del Abogado y no pudo haber un mejor día para que una marea de letrados ocupara la avenida que lleva al Congreso de los Diputados para reclamar la pasarela de la mutualidad al R.E.T.A. Estamos hablando de centenares de autobuses, aviones y vehículos llegados a la capital de España desde todos los confines del país, sumando una cifra alucinante. Diez mil abogados. Incluso más, según he leído. Y esto es un hecho realmente histórico, que una infinidad de abogados, acompañados de multitud de procuradores, y apoyados en la distancia por jueces, fiscales y letrados de justicia, se hayan puesto de acuerdo para manifestarse por una causa común no es lo habitual. Los letrados estamos acostumbrados a defender los intereses de cualquiera que no seamos nosotros mismos. No en vano no tenemos ni tan siquiera derecho a la huelga (Tribunal Constitucional dixit).

En una España convulsa, con un gobierno chantajeado, una marea de togas negras cubriendo corazones de oro pidieron, una vez más, que se hiciera justicia. El Ministerio de Justicia y el Presidente del Gobierno deben estar atentos a esta solicitud, porque diez mil abogados no son sólo un número, sino un ejército imbatible de peligrosos juristas al que es mejor no enfrentarse. Primer aviso.