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Defender la democracia y el estado de Derecho para querer saltarse las normas a las primeras de cambio es tan contradictorio -cuanto menos- como declararse y presumir de ateo para inmiscuirse en los asuntos de la Iglesia en cuanto haya ocasión. Y ambas cosas han demostrado los partidos de la izquierda gaditana, PSOE y Adelante, que no han dudado en lanzarse contra el obispo Rafael Zornoza sin la precaución de conocer cómo prospera la investigación que se está llevando a cabo (por la Iglesia) y saltándose a la torera el principio de presunción de inocencia que debiera imperar en toda persona; sea obispo o sea Fiscal General del Estado.
En medio de los hechos que el Vaticano está intentando dilucidar estos días a raíz de una única denuncia presentada por una persona sobre unos hechos supuestamente ocurridos 30 años atrás, el PSOE ha reunido a sus afiliados cristianos de la provincia para reclamar a la Iglesia católica “que adopte medidas que ayuden a quienes han padecido o padecen abusos sexuales en su seno”. Y acto seguido denuncia el coordinador del grupo que al parecer existía en la provincia, Fernando Silva, que “el silencio y la opacidad con la que se ha venido actuando en la diócesis de Cádiz ha sido una losa que ha empezado a romperse, y de la que empieza a salir alguna luz”.
Con esta severa denuncia por delante, valora este coordinador que la denuncia contra Zornoza “es demoledora” y reclama que la Iglesia actúe “con la mayor diligencia posible para no menoscabar más a todas las personas afectadas”.
Peor aún es el caso de Adelante Izquierda Gaditana, cuyo portavoz (David de la Cruz) se lanza a una piscina bautismal sin agua para pedir la ¡dimisión! del obispo. Algo que no contempla el Código de Derecho Canónico. Aprovecha De la Cruz la denuncia que ya se está investigando (por la Iglesia, conviene recordar nuevamente) para mezclar los presuntos hechos de hace 30 años en Getafe con la vida de la Iglesia gaditana, reclamando “que se sepa la verdad y que se investigue con transparencia cada una de las actuaciones del prelado durante su etapa al frente del Obispado gaditano”. Y vuelve a mezclar la denuncia por presuntos abusos con la gestión integral de Zornoza como obispo de Cádiz.
Reclama AIG “que se depuren responsabilidades, tanto civiles como eclesiásticas, para garantizar justicia y verdad”. Una frase que olvida que civilmente el caso ya estaría prescrito, pese a lo cual eclesiásticamente -esa “estructura de poder que ha protegido durante años comportamientos intolerables”, según palabras de David de la Cruz- sí se está investigando.
Ambos partidos, que no han perdido ocasión de pronunciarse sobre un asunto que aún se está investigando, han prescindido por completo de esa presunción de inocencia que es básica en nuestro sistema de Derecho y en la sociedad actual. La misma que sí exigen para el Fiscal General del Estado, para la mujer o el hermano del presidente Sánchez o para los numerosos investigados por los ERE (por citar tres ejemplos que ha defendido y defiende el PSOE, incluido sus afiliados cristianos); la misma que tuvo el anterior alcalde en sus investigaciones, o la que se le concedió a Errejón (ante cuyo caso no se pronunció ni envió ningún comunicado David de la Cruz ni su equipo).
Del mismo modo, es cuanto menos llamativo (y por supuesto rechazable al máximo) que quieran dejar entrever vínculo alguno entre lo que pudo ocurrir hace 30 años en Getafe con la Iglesia gaditana; máxime en boca de alguien que se vanagloria de no pisarla pese a ser representante de todos los ciudadanos (incluidos los que van a misa, salen en procesión o viven la fe católica en sus múltiples formas).
La Iglesia está investigando al obispo Zornoza. Si ve indicios o constatación de culpabilidad respecto a esos abusos que ha denunciado una persona, actuará en consecuencia. Pero si al final resulta que el caso no es como lo presenta esa denuncia y lo cuenta determinado medio de comunicación, ¿qué harán los cristianos del PSOE y el líder de Adelante Izquierda Gaditana, que han juzgado al obispo sin contemplar la presunción de inocencia, sin conocer los hechos y sin ni siquiera saberse el Código de Derecho Canónico?
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